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El más reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia –FLIP, reveló que durante 2013 ocurrieron 123 agresiones contra la prensa en el país, entre ellas los asesinatos del periodista Edinson Molina, ocurrido en Puerto Berrío (Antioquia) el 11 de septiembre, y del reportero y voceador José Darío Arenas, el 28 de septiembre en Caicedonia (Valle del Cauca).
El informe titulado “Protestas: sin garantías para cubrir”, llamó la atención por las agresiones a periodistas ocurridas en desarrollo de las movilizaciones sociales que tuvieron lugar el año pasado en Colombia: el paro campesino en El Catatumbo, el paro nacional minero y el paro nacional agrario.
Durante las protestas recientes “la prensa no tuvo las garantías suficientes para informar y actuar de manera libre como testigo de lo que ocurría por esos días. Los periodistas fueron objeto de detenciones ilegales, les retuvieron sus equipos de trabajo, que en muchos casos no volvieron a ver. También, fueron atacados con piedras, bolillos, amenazas y estigmatizaciones de pertenecer a grupos guerrilleros o de ser policías infiltrados por el hecho de cumplir con su trabajo.” (FLIP: 2012, p.14)
En medio de las manifestaciones, la FLIP registró 23 casos de agresión que afectaron a 44 comunicadores. Sobre esta situación, preocupa la responsabilidad de la fuerza pública y la manera insuficiente como las autoridades atendieron los hechos, según la organización.
“Durante los meses de junio, julio y agosto de 2013, cada tres días fueron atacados dos periodistas que cubrían protestas. El 75% de las agresiones -33 víctimas- ocurrieron a manos de miembros de la Fuerza Pública.” (FLIP: 2013, p.14)
Sobre la persistencia de las agresiones a la prensa en medio de las movilizaciones, la fundación destacó la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el caso del reportero Richard Vélez, por hechos ocurridos en 1996 mientras cubría una protesta de cocaleros en el departamento de Putumayo.
La FLIP también recordó la muerte de Guillermo Quiroz, periodista de Sucre, ocurrida en 2012 durante el cubrimiento de una manifestación. Por tal razón, la fundación hizo un llamado de atención rechazando que este tipo de incidentes sigan ocurriendo en el país.
Disminuyeron las agresiones pero preocupan las amenazas
La amenaza continúa siendo la principal vulneración a la libertad de prensa, con 75 víctimas durante 2013; le siguen la obstrucción al trabajo periodístico con 55 víctimas; la agresión con 36; la detención ilegal con 10; la estigmatización con 7; el exilio con 3; el asesinato con 2; las heridas en cubrimiento con 2; el secuestro con 1, la tentativa de homicidio con 1; el desplazamiento con 1; y otras agresiones con 2 víctimas.
En general, fueron 123 violaciones para un total de 194 víctimas. Y aunque, según la FLIP, el número de casos disminuyó, con relación al año 2012 cuando se registraron158 agresiones, preocupa el asunto de las amenazas ante la falta de garantías por parte del Estado.
“La oferta de protección por parte del Estado no reporta mayores inconvenientes en cuanto al acceso de los periodistas en el 2013, pero la Unidad Nacional de Protección (UNP) tuvo serias dificultades administrativas y presupuestales para la implementación oportuna de medidas de protección aprobadas.”
Dos hechos fatales que retrataron la gravedad de esta situación, fueron el homicidio del periodista Edinson Molina, en Antioquia; y del reportero y voceador, José Darío Arenas, en el Valle del Cauca. Ambas víctimas habían recibido amenazas previas contra su vida, luego de denunciar presuntas irregularidades de funcionarios públicos, en las regiones donde ejercían su labor. En el caso del comunicador antioqueño la familia denunció que la policía no brindó las medidas de seguridad necesarias.
"Las chuzas", la impunidad y la prescripción de procesos
Sobre el problema de las interceptaciones ilegales en Colombia por parte del Estado, la FLIP calificó como “lamentable la prescripción de algunos de los delitos por los que se investigaba a Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, investigado por el escándalo de las ‘chuzadas’.”
Según el informe de la organización, esta decisión afecta la libertad de prensa en Colombia en la medida en que se crea un grave precedente de impunidad por actuaciones que afectaron directamente a varios periodistas, sembrando la sensación de estar constantemente espiados de manera irregular. (FLIP: 2013, p. 44)
En relación con estos comportamientos irregulares por parte del Estado, valdría la pena señalar las agresiones contra periodistas cuyas investigaciones involucraban a organismos de seguridad del Estado, como fue el caso de Ricardo Calderón, periodista de la revista Semana, quien sufrió un atentado el 1 de mayo de 2013.
La agresión ocurrió cuando el investigador se desplazaba de Ibagué a Bogotá, luego de realizar un trabajo de reportería sobre presuntas irregularidades dentro del ejército. Estos hechos aún continúan siendo investigados pero hasta ahora no se ha conocido ninguna decisión judicial.
Entre los temas investigados por Ricardo Calderón, se cuentan las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS, las ejecuciones extrajudiciales, el paramilitarismo y sus vínculos con políticos, y escándalos al interior de las fuerzas militares, como el de la base militar de Tolemaida, donde quedaron en evidencia los privilegios que tenían los militares detenidos allí.
Por otra parte, a la fundación para la libertad de prensa le preocupan las decisiones judiciales que alientan la impunidad, como la orden de libertad otorgada en diciembre de 2013 a Hugo Daney Ortiz, quien se encontraba recluido en la cárcel la Picota, por hechos relacionados con un caso de tortura psicológica a una periodista.
“Es preocupante que Ortiz fue puesto en libertad a pesar de que en su contra existe una medida de aseguramiento por el caso de tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque, desde marzo de 2013. Luego de esto, Ortiz se entregó voluntariamente a la justicia en enero de 2014”, indicó la FLIP.
Sobre la prescripción de procesos por casos de homicidios a periodistas, desde su informe de 2012: “De las balas a los expedientes”, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia denunció la lentitud de las investigaciones y la falta de justicia.
De los 142 homicidios de periodistas ocurridos en Colombia desde 1977, hasta ahora han prescrito 64; la mayoría apenas en fase de investigación preliminar. “Durante el 2013 prescribieron los casos de Gerardo Didier Gómez, Carlos Lajud Catalán, Nelson de la Rosa Toscazo, Manuel José Martínez Espinosa y Danilo Alfonso Baquero Sarmiento. El caso del periodista Eustorgio Colmenares Baptista fue declarado delito de lesa humanidad justo un día antes de prescribir, sin embargo, permanece en la impunidad.” (FLIP: 2013, P. 40)
De los 142 homicidios de periodistas, al menos 30 casos serían atribuibles a grupos de autodefensas, pero hasta ahora solo existe una sentencia en el marco de Justicia y Paz, que “condenó al ex comandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, por el homicidio del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido en Barrancabermeja el 6 de abril de 2003.” (FLIP: 2013, p. 45)
Finalmente, la FLIP concluye que existen dos retos para la libertad de expresión que tomaron fuerza durante el año 2013. El primero, se refiere a la libertad de expresión en Internet, con decisiones de la Corte Constitucional que se pueden considerar como positivas en algunos aspectos y con decisiones desmedidas de bloqueo en razón del habeas data o de la prevención de la pornografía infantil.
El otro, se refiere a un eventual acuerdo definitivo de paz por parte del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante la discusión del segundo punto de las mesas de negociaciones se abordaron y acordaron temas que se relacionan con la libertad de prensa y que deberán analizarse y debatirse más a fondo para que su implementación sea favorable para el periodismo, la democracia y la paz.
Ver informe de la FLIP 2013: “Protestas: sin garantías para cubrir”
Artículo realizado con información de la FLIP:
