Candidatos cuestionados por presuntos nexos con delincuentes y procesos legales y disciplinarios en medio del debate electoral obligan a que ciudadanía y Estado estén especialmente atentos a los comicios de este domingo.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), Medellín es la única capital del país que para las elecciones del próximo 30 de octubre presenta riesgo electoral por compra de votos, intervención en política y presión a los electores, y también peligro por violencia política debido a que hasta ahora se han presentado dos asesinatos, dos atentados y seis casos de amenazas.
Para la MOE, los asesinatos en campaña de William Román Flórez, del Movimiento Firmes por Medellín, y el de la líder de desplazados y reclamante de tierras Ana Fabricia Córdoba, así como los atentados contra el candidato al Concejo Duván Vélez y las amenazas contra el exconcejal y candidato a la Asamblea Juan David Arteaga, son hechos de violencia que ponen en alerta a las autoridades y a la sociedad civil sobre los riesgos en materia de orden público para los comicios de este fin de semana.
“Infortunadamente en el proceso han primado los ataques de tipo personal, la propaganda negra. De lado han quedado muchas de las problemáticas más sentidas de Medellín y Antioquia”, afirmó Luis Guillermo Patiño, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Por cuenta de las discusiones y señalamientos durante la campaña, el alcalde Salazar fue llamado a audiencia por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien lo investiga preliminarmente por presunta participación en política. Mientras tanto, el candidato Luis Pérez Gutiérrez, segundo en las encuestas de intención de voto, fue vinculado recientemente a una investigación judicial por presunto concierto para delinquir.
Rezagos del pasado y expulsión de votantes
La sombra de una “red criminal mafiosa que estaría intentando incidir en el desarrollo de las elecciones en la ciudad”, en palabras de Juan Felipe Palau, y las recientes denuncias de la Alcaldía evidenciaron que la intervención delincuencial en las elecciones no solo se presenta en la actualidad sino que también se dio hace cuatro años en los comicios que dieron por ganador a Salazar.
Según Diana Barajas, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y Conflicto del Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta sombra evidencia, además, que la situación del conflicto en la ciudad es grave, y que las organizaciones delincuenciales se moldean y son útiles al engranaje del conflicto nacional y a las estructuras políticas mientras les brinden garantías de que mantendrán sus propias rentas.
La MOE también reveló recientemente que la capital de Antioquia es ciudad expulsora de votantes, que son transportados hacia el norte y sur del Valle de Aburrá, e incluso hacia otros municipios más alejados como Campamento: “Reportes ciudadanos hablan de 17 buses de Córdoba y Medellín que llegaron allá a inscribir su cédula para votar”, añadió la coordinadora para Antioquia de la MOE, Patricia Fernández, quien puntualizó que existe un alto riesgo de que estos votantes ayuden a alterar los resultados electorales en ese municipio del norte del departamento.
Para Patiño, ante un panorama lleno de presiones y de propaganda negra, solo queda invitar a la gente a que participe de manera responsable y a que denuncie todo tipo de actuaciones irregulares. “Todos debemos convertirnos en garantes del proceso y asumir el derecho y deber de votar de forma libre y sin coacción”, concluyó.
