A través del Artículo 193 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), el Gobierno Nacional estableció la creación de mesas de víctimas, con el objetivo de que fueran espacios institucionales para la representación de la población afectada por el conflicto armado, y mecanismos para garantizar la participación efectiva de estas en el diseño e implementación de las políticas públicas que les conciernen.
De ahí que cerca de un centenar de coordinadores de algunas de esas mesas –constituidas en los ámbitos municipales, distritales, departamentales y nacional– asistieran entre el 3 y 5 de agosto a la novena sesión de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, que se realizó en el municipio de San Carlos (Antioquia) y pretendía ser un encuentro para debatir sobre reparación, reconciliación y paz.
Durante el plenario, los coordinadores les exigieron a funcionarios del Gobierno Nacional garantías para su participación en un eventual escenario de posconflicto. De ese modo, afirmaron, se le daría cumplimiento a la Ley 1448 de 2011; a la Resolución 0388 de 2013, por la cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado; y al Acuerdo de Víctimas, alcanzado en diciembre de 2015 en La Habana (Cuba).
Días después, el 23 de agosto, el plenario de la Mesa Nacional le entregó un documento con propuestas de participación a Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas –y, a través de él a Juan Fernando Cristo, ministro del Interior–, mediante el cual los delegados solicitaban que se les reconociera como actores políticos y dotara de garantías para ser interlocutores directos con el alto gobierno y las autoridades de los distintos ámbitos territoriales.
Participación en política y pedagogía de paz
“Seguimos reclamando, como mesas de participación, mayor protagonismo. Queremos mayor visibilización; estar más presentes en todas las decisiones que se tomen con respecto a nuestros destinos”, expresó durante la novena sesión Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional, refiriéndose principalmente a las decisiones relacionadas con la participación de las mesas de víctimas en política y en el ejercicio de pedagogía de los acuerdos de paz.
Respecto a participación política, Máicol Martínez, miembro de la mesa departamental del Quindío, cuestionó a los asistentes a la sesión preguntándoles si estaban dispuestos a “tirar una línea política para poder adquirir y concretar todo su esfuerzo a nivel nacional”. Pues considera, igual que sus compañeros, que como mesas deben tener representación política a través de la figura de las circunscripciones especiales de paz, definidas en el Acuerdo de Participación Política.
Sobre esto, el documento entregado recientemente por la Mesa Nacional indica que el Gobierno debería asignar las curules derivadas de las circunscripciones teniendo en cuenta la posición y propuestas de las víctimas en ese sentido. “Solicitamos para todo el territorio nacional dicha circunscripción en las corporaciones públicas de elección popular” y, así las cosas, “los criterios de elección deben ser consultados en los espacios de la mesa de participación”.
Pero para que se materialice esa participación política, aseveró Víctor Hernández, lo fundamental es que las mesas presenten propuestas y proyectos y se articulen apuntándole a la constitución de un movimiento político de víctimas. Así, un gran porcentaje de las más de 8’131.269 víctimas, registradas ante la Unidad para las Víctimas, podría participar en los procesos de un movimiento político propio e independiente.
Y en relación con la pedagogía para la paz, Odorico Guerra recordó que el pasado 8 de abril el presidente Juan Manuel Santos se comprometió en la Casa de Nariño a que las mesas y organizaciones de víctimas se iban a encargar de la labor pedagógica de los acuerdos en los territorios. “Pero hemos visto que comienza a salir mucho tema de pedagogía y las víctimas no estamos incluidas en ese proceso”.
Al respecto, Juanita Goebertus, coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y quien participó como delegada del Gobierno en la discusión del Acuerdo de Víctimas, cuestionó el desconocimiento de los acuerdos por parte de algunos integrantes de las mesas. Ustedes, afirmó, “no están para que vengamos aquí a hacerles una y otra explicación sobre los acuerdos. Ustedes están llamados a ser personas que conocen los acuerdos al detalle, que los explican (…) a sus comunidades, que los discuten, que hacen preguntas”.
Días después, a través del documento, las víctimas propusieron “la creación de una metodología de paz, en donde todas las mesas en el componente pedagógico tengan en cuenta el enfoque diferencial, la interculturalidad y las condiciones particulares y geográficas de cada lugar. Para esto la mesa nacional conformará unas comisiones en donde participarán todos y cada uno de los integrantes para desarrollar la pedagogía establecida en todos los departamentos del país”.
Desarticulación, obstáculo para la participación
Durante el desarrollo de la novena sesión, Derlys Pastrana, coordinadora de la Mesa de Huila, leyó un comunicado que resumía las decisiones tomadas en San Carlos luego “de tener una discusión a fondo entre los 54 delegados” de la Mesa Nacional, que los llevó a identificar “serios vacíos” frente a su estructura como mesas de participación y “a decidir no apoyar el plebiscito hasta tanto el señor presidente Juan Manuel Santos se reúna en un plenario extraordinario de la Mesa Nacional”.
Según la vocera, en el encuentro le pedirían al Presidente que les aclarara las condiciones en que daría la “participación activa, efectiva y decisiva” de las víctimas en los escenarios donde se discute su futuro en los ámbitos de representatividad política, pedagogía para la paz y ajustes a la política de reparación integral. Asimismo, solicitarán una reunión urgente con la guerrilla de las FARC para presentar, “así como otras expresiones organizativas lo han hecho”, sus propuestas para la implementación del Acuerdo de Víctimas.
Sin embargo, Víctor Hernández aseguró en ese momento que si bien los miembros de la Mesa de Antioquia compartían la exigencia de mayor participación, no se sentían representados por la decisión del plenario nacional. Contó que hicieron un “estudio minucioso” acerca de los acuerdos y llegaron a la conclusión de que votarán favorablemente el plebiscito. “Nosotros vamos por el sí y por la paz. Apoyamos el proceso porque es una puerta que se abre y es una participación que, de una u otra manera, tenemos para decidir frente a todo este proceso”.
Ese desacuerdo –resuelto luego de la reunión del pasado martes, cuando la Mesa Nacional decidió apoyar el plebiscito ad portas del fin de las negociaciones en La Habana– fue tan solo un ejemplo para evidenciar la desarticulación de las mesas. Y así lo reconoció Hernández, quien sostuvo que el reto de las mesas es articularse en todos los ámbitos territoriales: municipal/distrital- departamental-nacional. Para ello, indicó, es necesario que se activen las “líneas de comunicación”, con la intención de que cada mesa deje de actuar por separado y, en vez de ello, adquiera un carácter más incluyente.
“Es que ese es el reto: que la Mesa Nacional se articule con las mesas departamentales y que no trabaje sola; que las mesas departamentales se articulen con las mesas municipales y no trabajen solas; y que las mesas municipales se articulen con las organizaciones de víctimas y las víctimas no organizadas”. Solo así, aseveró, funcionará “el corazón de este proceso de participación” y respaldaremos las decisiones del plenario.
Compromisos pendientes de la institucionalidad
En esa novena sesión de la Mesa Nacional, Alfonso Cajiao, defensor del Pueblo, advirtió las falencias de la Ley 1448 de 2011 con respecto al derecho a la participación efectiva de las víctimas y el papel de las autoridades en ello. “Lo evidenciado hasta ahora en ejercicio de este derecho muestra relaciones desiguales entre las víctimas representadas en las mesas de participación con la institucionalidad, quienes no las reconocen como sujetos de derecho y actores políticos de interlocución que puedan aportar al diseño y desarrollo de dicha Ley”.
Ante esa advertencia y las exigencias de las mesas, Alan Jara se comprometió en San Carlos a impulsar una mayor participación de las víctimas en perspectiva del acuerdo con las FARC, porque considera que “no hay duda sobre la importancia de la participación de las víctimas en la construcción de la paz. Está en el papel, está firmado y es la ambición nuestra”. Aunque no planteó respuestas concretas a las exigencias, sugirió una nueva reunión que se realizó el pasado 23 de agosto.
Recursos para las víctimas en Antioquia
Victoria Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, recordó durante la novena sesión de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas que Luis Pérez, gobernador de Antioquia, se había reunido previamente en su despacho con Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, y los ministros del Interior, Justicia y Posconflicto.
A ellos, agregó la secretaria, el mandatario les informó que el Departamento tiene 14.000 millones de pesos para destinarlos a la reparación de las víctimas, recursos que se deberían ver reflejados en alianzas para desarrollar proyectos conjuntamente con los diferentes ministerios y la mesa de participación de Antioquia.
En su intervención ante la Mesa Nacional, enfatizó que el gobernador le encomendó la misión de dejar en ese espacio acuerdos establecidos “que bajen el dinero y los recursos conjuntos para impactar y no menudear, para impactar y consolidar territorio”. Para ello, les propuso públicamente a los representantes del Gobierno que accedan a juntar las partidas presupuestales de los ámbitos departamental y nacional para el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado.