Miedo, muerte y silencio en el Bajo Cauca: cómo construir un camino para la NO repetición y la paz sostenible

Editorial por María Soledad Betancur

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

El asesinato del periodista Luís Cervantes activó de nuevo desde la prensa una mirada a lo que viene ocurriendo en el Bajo Cauca Antioqueño.

De acuerdo con el informe periodístico entregado por la revista Semana el 13 de septiembre de 2014, titulado “Terror en el Bajo Cauca”[1], se “encontró sitios de tortura, extorsiones, homicidios y sobre todo la ley del silencio impuesta por alias Darío y las nuevas Bacrim”.

Este controla las tierras del hoy extraditado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, ex comandante del bloque Central Bolívar, en un territorio donde se encuentran más de 80 de las fincas que supuestamente Macaco despojó, según las solicitudes de reclamación presentadas a la Unidad de Restitución de Tierras de Caucasia.

Dice el informe de la revista Semana que “Alias Darío ha intentado incluso influir en las decisiones políticas en la región. El 21 de julio pasado citó a los concejales de Cáceres a una reunión en la isla La Amargura, más allá de Piamonte, con el ánimo de impedir que aprobaran la construcción del comando de Policía y un empréstito que solicitó el alcalde por 4.000 millones de pesos”.

Miedo, muerte y silencio parecen ser la triada que regula la dinámica del la conflictiva realidad del Bajo Cauca, según se afirma bajo un control dominante de “Los Urabeños”, que a través de diferentes alianzas parecen haber “Consolidado” el territorio; saliéndole adelante al propósito de la política nacional y regional de Consolidación Territorial, que desde 2009 fue asumida directamente por el departamento de Antioquia en coordinación con el Gobierno nacional y cuyos objetivos se leen en la resolución 233 de septiembre de ese año en la cual se afirma que:

 “una vez garantizadas las condiciones de seguridad por parte de la fuerza pública, la Gobernación de Antioquia apoyará la ejecución de una Política Integral de Consolidación Territorial, la cual busca restablecer el funcionamiento normal de la administración de Justicia, fortaleciendo la democracia local, la atención de las necesidades más urgentes de la población, la extensión de los servicios del Estado y el inicio de los proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo”[2].

En el marco de esta estrategia se afirma que el ejército desplegó cuatro batallones de las brigadas Cuarta y Once. “En total, en el año 2010, se estimaba que había un total de 14.000 hombres de la Fuerza Pública. Estos tenían el apoyo de la Estructura de Apoyo Judicial (EDA) compuesta por dos fiscales y seis policías judiciales especializados en bandas criminales, lo cual representa un número mínimo dada la magnitud del problema. (op.cit p. 17)

En diferentes crónicas e informes entregados por la Agencia de Prensa del IPC entre los años 2008 y 2011 se evidencia la contracara de estas operaciones sobre los campesinos de la región con las operaciones de fumigación a los cultivos de coca que desencadenaron desplazamientos y movilizaciones masivas tanto en el Nordeste como el Bajo Cauca, al igual que la desaparición y muerte de lideres campesinos realizada por estructuras paramilitares, como se afirma en informe de la Agencia de Prensa en julio 6 de 2009[3]

Cinco años después, en agosto de 2014[4], el Gobierno nacional y el departamental anuncian en consejo de seguridad presidido por El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, la Operación Troya para el Bajo Cauca. Esta busca integrar acciones de la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Militares (Ejército y Armada), y los gobiernos departamental y el nacional. Con "la operación llegarán al área 358 hombres de la policía nacional, además de unidades especializadas de investigación judicial e inteligencia, para fortalecer las capacidades que allí se tienen.” Igualmente se afirma que "se va a establecer el cartel de los 20 más buscados del Bajo Cauca y se va a ofrecer una recompensa hasta de 50 millones de pesos por los delincuentes que aparezcan en él". La estrategia espera atacar el micro-tráfico, la minería criminal y las extorsiones en la subregión.

Así mientras se anuncia una tendencia en la disminución de homicidios para el Bajo Cauca –en lo corrido del año han asesinado a 87 personas cuando en el 2013 las cifras llegaba a 126-[5], el miedo, no solo dejar ver un sub-registro importante en este indicador que parece evidenciar la realidad de una región donde las operaciones militares no estarían logrando los objetivos propuesto de retomar la presencia del Estado, pues cinco años después de haber anunciado el Plan de Consolidación, se afirma que “Los Urabeños” tienen un control casi monopólico del territorio, mientras disminuyen los cultivos de coca y se hacen crecientes los controles sobre los recursos generados por la minería.

Según Camilo González Posso:

  “Los informes sobre la dinámica de guerra o de consolidación de la paz, en los últimos dos años muestran que la estrategia central del gobierno y de las fuerzas armadas tiene resultados decrecientes; la razón tiene que ver con el agotamiento del enfoque de focalización y por la secuencia de fases que impone, incluso contra algunas directrices oficiales, una militarización de todos los componentes del control territorial. La guerra contrainsurgente centrada en la búsqueda de la derrota total de las guerrillas no anuncia el fin del fin antes del 2014, como se esperaba en los diseños elaborados desde la administración pasada; así las cosas, los PNCT con sus CCAI se muestran ineficaces no solo en la desarticulación de la guerrilla sino en llegar más lejos en sus objetivos antidroga. En este aspecto de la lucha antidroga, es evidente que una reducción mayor de las exportaciones netas de cocaína no depende de las erradicaciones en las zonas de consolidación.

  Por otro lado, la definición de los grupos herederos de los paramilitares y narco paramilitares desmovilizados como bandas de crimen organizado que no hacen parte del conflicto armado sino de agendas policiales, sigue pesando para subvalorar su incidencia en las estructuras de poder regional y local, sus conexiones con la política, los negocios de tierras y minería. También se subvalora el impacto de las actividades violentas de esos grupos en la violación de derechos de la población civil y la continuidad de entronques con autoridades y miembros de la fuerza pública.” (Camilo González Posso.  Consolidación territorial y resurgimiento de paras y guerrilla)

Las mismas estructuras criminales se pelean hoy el control de las rentas mineras y, de nuevo, los pequeños mineros son el blanco de muchas de las operaciones militares (ver informes de agencia IPC) con la política de formalización, sin que las operaciones desarticulen los actores que se lucran de estas rentas de manera directa o través de la extorsión y las vacunas. En el 2009 se criminaliza a los campesinos que siembran Coca, en el 2013 y 2014 a los mineros informales. La política de criminalización rompe los lazos articuladores del territorio y les deja este expedito a los actores criminales que con diferentes denominaciones hoy continúan con el control del territorio.

Fuente: UNODC, (2014), Colombia, monitoreo de Cultivos de coca 2013. Pagina 74. Disponible en: http://www.unodc.org/colombia/es/press/censosimci2013.html

La realidad de esta subregión no puede ser la que narra el reporte de la revista Semana, en el sentido de que “El miedo a hablar es tanto que la madre de un joven desaparecido y asesinado en Guarumo ha preferido ocultarles lo ocurrido a algunos miembros de su familia. Cuando le preguntan simplemente dice que no ha vuelto. “Algún día la gente sabrá lo que hacen con los muchachos, los niños y los adultos allá. Los matan, los pican y los tiran al río. Eso es lo que hacen, dice”.

Por eso la situación del Bajo Cauca es un asunto de competencia de la sociedad Antioqueña y una revisión y retroalimentación de las estrategias que superen la simple intervención militar deberá ser discutida con la Gobernación, las autoridades de los municipios del Bajo Cauca y las organizaciones sociales, las instituciones de la Policía y el Ejercito y la sociedad Antioqueña; si es cierto que “Antioquia se prepara para la Paz”, como dice la actual administración departamental.