Miedo y control territorial a través de la violencia

El seguimiento adelantado por el Observatorio de Derechos Humanos del IPC destaca una tendencia en la violación del derecho a la vida donde se presenta conocimiento del hecho punible, se dirige conscientemente la voluntad para su realización y existe mayor violencia en el propósito de dar muerte con el fin de asegurar la comisión del crimen.

Los datos recopilados por el Observatorio reflejan una tendencia de la situación de Derechos Humanos de la región, más no representan valores absolutos en tanto existen dificultades para el levantamiento de información en esta materia. En consecuencia, para el periodo que comprende el 1 de enero hasta el 13 de agosto de 2010, se registran 251 casos de asesinatos, de los cuales, el 76% fueron ejecutados en jurisdicción del municipio de Medellín. Por tratarse de una tendencia, se prevé que la cifra es mucho mayor, más aún si se contrasta con las cifras reportadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cuales reportan 1057 homicidios para el primer semestre de 2010 en Medellín.

De estos 251 casos registrados, 70 corresponden a asesinatos dobles para un total de 35 casos y 18 corresponden a asesinatos triples para un total de 6 casos. A ello se suma el registro de cuatro masacres, entendidas como la ejecución de cuatro o más personas en una misma ocasión o en eventos relacionados por autoría, tiempo y lugar,  con un saldo de 20 víctimas. Estas cifras generan grandes cuestionamientos sobre el uso de la violencia y la proporcionalidad.

Si bien durante este periodo, el número de asesinatos múltiples y masacres no ha sido mayor al registrado durante el año 2009, llaman la atención los hechos ocurridos en las últimas semanas, los cuales, han representado en menos de dos meses un aumento en el número de víctimas que de continuar la misma intensidad, podría ser mucho mayor al registrado en años anteriores en Medellín y el Valle de Aburrá.

Sin lugar a dudas, la masacre del municipio de Envigado el pasado 2 de julio que dejó un saldo de 8 personas asesinadas y 16 más heridas, entre ellos dos patrulleros adscritos a la estación de este municipio, conmocionó a los habitantes del Valle de Aburrá. Al respecto, las autoridades han declarado que los hechos presuntamente obedecen a una guerra entre narcotraficantes donde sicarios al servicio de alias “Valenciano” y miembros de la banda delincuencial “Los Mondongueros”[1], habrían sido los autores materiales.

Según declaraciones del Alcalde de Envigado, José Diego Gallo Riaño, algunas de las víctimas pertenecían al municipio de Itagüí, y “aunque el narcotráfico parece estar detrás del hecho, el alcalde aclaró que entre las víctimas hay gente que nada tiene que ver con actividades ilegales, como panaderos, mecánicos […] y gente de bien en general que se estaban divirtiendo”[2].

Como resultado de un consejo de seguridad, llevado a cabo en el aeropuerto Olaya Herrera con motivo de éste hecho, el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo Trujillo, anunció el ingreso de 400 nuevos oficiales, 20 investigadores judiciales, y una fuerza de control urbana integrada por 120 uniformados de la policía judicial y de inteligencia, que reforzarían el pie de fuerza instaurado en el Área Metropolitana. De igual manera, el Gobierno Nacional, autorizó el uso de cooperantes remunerados en las zonas críticas de Medellín donde hay presencia de bandas.[3]    

Luego de este hecho, en Medellín ocurrieron en menos de una semana otras dos masacres. La primera de ellas, el 30 de julio en el barrio El Chagualo de la Comuna 10 (La Candelaria), donde murieron 4 personas y otra resultó herida. La segunda, ocurrió el 1 de agosto en un conjunto residencial del barrio Robledo, donde al parecer miembros de la banda delincuencial “El Chispero” asesinaron a 4 hombres. Según la prensa, “las víctimas fueron halladas con tiros de gracia, juntos y acostados en una misma colchoneta”[4]. De acuerdo con las primeras investigaciones, las cuatro víctimas vivían anteriormente en el barrio San Javier de la Comuna 13, y tres de ellos tenían anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, hurto, atraco, extorsión y homicidio.[5]

Estos crímenes colectivos ocurridos en poco más de un mes, no son los únicos registrados durante el año 2010. El 7 de junio en el barrio Pedregal de la Comuna 6, fue atacado un grupo de jóvenes por sujetos que se desplazaban en un taxi. El fin de semana anterior al hecho había sido asesinado en ese mismo sector un presunto integrante de la banda criminal “Los Machacos”, razón por la cual los investigadores, atribuyeron como móvil del hecho un ajuste de cuentas entre este último grupo contra “La Oficina del Doce”.

El 18 de mayo, en el barrio Belencito de la Comuna 13, fueron asesinados cuatro jóvenes, primos entre sí. Luego de que ocurriera el hecho, su abuela, con quien vivían, tuvo que abandonar el barrio debido a las amenazas provenientes del grupo armado responsable del asesinato de sus nietos.[6]

El 19 de marzo en el barrio La Inmaculada del municipio de Caldas, un grupo de aproximadamente siete hombres, disparó con submetralladoras a otro grupo de jóvenes, dejando un saldo de tres personas muertas. El 2 de enero, en el mismo municipio, un grupo de hombres que se movilizaban en una camioneta y una moto, dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que se encontraban en un bar de esa localidad, dejando un saldo de nueve personas heridas y dos más muertas. Aunque en el hecho, no se presentó un número mayor de víctimas fatales, resulta evidente la intención de los autores de causar un daño mucho mayor, al disparar de manera indiscriminada contra el total de personas que allí se encontraban.

Si bien un asesinato conmociona a las comunidades, los ataques indiscriminados con afectaciones colectivas como los ocurridos en Caldas, Envigado y Medellín, le dan al miedo una dimensión social que es instrumentalizada por los actores armados, quienes, en un ambiente de desconfianza e inseguridad, consolidan sus prácticas de control territorial.

En un escenario como Medellín, de disputa y confrontación abierta entre actores armados, se puede observar un incremento en las prácticas que emplean en mayor medida la violencia, ejemplo de ello son los modus operandi utilizados en la comisión de los asesinatos, donde además de conseguir la eliminación del enemigo, se consigue el sometimiento de los ciudadanos a través del miedo y en consecuencia, se desencadenan otra serie de eventos que vulneran los Derechos Humanos, tales como el desplazamiento forzado Intraurbano[7].

También se hace evidente para el Observatorio la tendencia de aumento en el número de casos de desapariciones, no obstante, por las características del crimen de desaparición forzada y las dificultades en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, aún no se puede establecer específicamente cuántos de dichos casos corresponden a éste crimen.

Sin embargo, algunos casos reflejan la consolidación de prácticas que tienen como objetivo el ocultamiento de los cuerpos de forma deliberada por los autores de los hechos, dejando a las víctimas fuera del amparo de la ley por periodos prolongados. Tal es el caso de la Comuna 7 (Robledo). De acuerdo con la información reportada por el diario Q´Hubo, entre el 23 de junio y el  23 de julio habían desaparecido 4 habitantes del barrio Aures N^o 2, y sus cuerpos fueron encontrados sin vida. De uno de ellos sólo se encontró una pierna y el cadáver de otro fue hallado en una fosa en la parte alta del mismo barrio. “Los investigadores, quienes debieron soportar una hostigación por parte de los grupos armados, encontraron que el cadáver estaba decapitado y desmembrado”^[8].

Si bien durante todo el año se venía presentando una serie de hechos que daban cuenta del uso de prácticas y métodos que emplean mayor violencia para la comisión de estos crímenes (asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados intraurbanos), es a partir del mes de julio que se empieza a observar un incremento, razón por la cual, el Observatorio de Derechos Humanos del IPC llama la atención sobre estos hechos, que como lo han anunciado algunas organizaciones sociales de la ciudad, han generado una crisis humanitaria.

La situación de la ciudad y la región requiere una intervención integral del Estado, los gobiernos local, departamental y nacional y entes de Justicia, que contemple medidas, estrategias y programas que afecten las condiciones estructurales y coyunturales del conflicto. De no ser así, la situación de Derechos Humanos será aun mucho más grave de lo que ha sido en los tres últimos años, acercándose a las cifras de muertes violentas del año 2002.