Colombia cuenta con 6,5 millones de hectáreas que han sido abandonadas y/o despojadas a más de cinco millones de personas en el contexto del conflicto armado. Esta cifra equivale a despojar todo el departamento de Antioquia y la ciudad de Bogotá, dejando a más de la mitad de los habitantes de la capital colombiana sin tierra.
Después de 12 años desde la implementación de la Ley 1448 de 2011, y con una prórroga de 10 años ante la finalización de su vigencia en 2021, las cifras para alcanzar la meta gubernamental son desalentadoras: hasta la fecha, solo se ha logrado cumplir el 5% de la meta que buscaba restituir a 300 mil familias en los primeros 10 años.
Según la Fundación Forjando Futuro, ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) reposan 148 mil solicitudes de restitución de tierras, de las cuales solo 14.697 han sido resueltas judicialmente con sentencia; una cifra que representa solo el 10% de los casos en los 12 años de implementación de la ley.
Esta entidad explicó que aproximadamente el 65% de las solicitudes fueron negadas por la URT durante la etapa administrativa, en el último año de gobierno de Iván Duque. Si bien esta cifra disminuyó a 35% durante el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro, se necesitarían 139 años para alcanzar la meta de 300 mil familias restituidas.
“Los cálculos nos dicen que, si seguimos a este ritmo, nos faltarían 139 años para alcanzar la meta de 6,5 millones de hectáreas restituidas de aproximadamente cinco millones de personas que fueron víctimas del flagelo del desplazamiento forzado y despojo de sus tierras”, explica Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación.
Así mismo, Forjando Futuros resalta que otro avance del gobierno Petro fue la eliminación del grupo Ambiental Minero Energético e Infraestructural (AMEI), el cual se creó en 2015 para acompañar procesos de restitución en donde los predios se superponen con proyectos extractivos y el cual limitó las reclamaciones de 466 solicitudes de restitución étnicas y 655 casos individuales.
Sin embargo, este progreso administrativo presenta un desafío para los juzgados, que actualmente enfrentan una sobrecarga de casi 20 mil casos estancados en la fase judicial, sin una resolución definitiva.
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Reformar a la Ley 1448 para dar prioridad a las víctimas
Ante este panorama, la Fundación Forjando Futuro planteó la urgente necesidad de transformar la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de tierra. Taborda Casas, abogado de la Fundación, explica que son tres los cambios iniciales: restitución administrativa, eliminación de la microfocalización y aplicación de métodos de teledetección.
Estos elementos se determinaron a raíz de que casi en el 70% de los casos no existe oposición a la restitución del predio solicitado y de que existen alrededor de 17 mil casos represados por falta de microfocalización por concepto de seguridad sin explicación alguna.
“Lo primero es dotar de herramientas decisorias a la URT para que esta entidad pueda entregar los predios despojados bajo los cuales no haya opositores y que puedan ser fallados en la etapa administrativa sin llegar a la fase judicial; lo segundo es la flexibilización del concepto de microfocalización, un proceso que implica la identificación e individualización del predio y que ha retrasado los procesos de restitución de tierras; y lo tercero es identificar los predios a través de tecnologías avanzadas como la foto detección o el uso de drones, tecnología con la que ya cuentan el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares”, explica el abogado.
Lo anterior mencionado por Casas obedece a la necesidad de cumplirle a las víctimas, agilizar y facilitar los trámites para las mismas. Es por eso que a finales del 2022, se radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 280 para modificar la Ley 1448 y dotar de facultades excepcionales a la URT y así garantizar el debido proceso.
Luz Viviana Ruiz, reclamante de tierras del municipio de Tarazá, ve con buenos ojos la propuesta de reforma: “realmente vemos que con las víctimas no hay prioridad ni siquiera con las personas que son vulnerables. Reconocemos que el gobierno está poniendo todo lo que se debe para que las víctimas puedan beneficiarse y tener una buena calidad de víctimas, que no le nieguen sus sentencias y propósitos”.
Estas peticiones fueron escuchadas por César Londoño, director territorial de la URT para Antioquia, quien reconoció la necesidad de impulsar una reforma a esta ley y aumentar los diálogos con las organizaciones sociales y campesinas ante el panorama tan complejo que tienen las víctimas de acceder a la restitución y retornar a sus predios.
“Se ha buscado un proceso de diálogo permanente y directo con las organizaciones de las comunidades campesinas y reclamantes de tierras, pero también se ha dado un proceso de diálogo con las autoridades territoriales y la Fuerza Pública, donde buscamos extender el proceso de microfocalización. También se ha solicitado a la Fuerza Pública que se haga un proceso de evaluación riguroso frente a las zonas en específico en las condiciones de seguridad para la intervención en territorio”, declara Londoño
Sebastián Cadavid, integrante del equipo territorial del Instituto Popular de Capacitación del IPC en la región de Urabá, reconoce los avances que se vienen realizando por parte del gobierno nacional y la importancia de revisar las modificaciones a la Ley 1448. Sin embargo, hace hincapié en la importancia de analizar los procesos post fallos de la restitución.
“Es importante poner la mirada y hacer un análisis a los procesos post fallos, relacionados con la implementación de los proyectos productivos y las construcciones de vivienda, en territorios donde el conflicto se sustentó en una contrareforma agraria, que impuso un modelo opuesto a la prácticas de la agricultura familiar campesina, étnica y comunitaria”, agrega Cadavid.
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Y es que la restitución no termina con la entrega del predio, por el contrario, es ahí donde comienza el proceso para las víctimas que quieren retornar a sus predios y comenzar su vida desde cero. Es por eso, que el llamado de entidades como Forjando Futuro y el Instituto Popular de Capacitación va más allá de agilizar el proceso de devolución de predios: es que las instituciones encargadas y el Gobierno Nacional garanticen un retorno y unas condiciones de vida digna para resarcir a las víctimas.
