A pocas semanas de que se cumpla un año de la querella interpuesta por la empresa Anglo Gold Ashanti contra 58 campesinos y campesinas, el pasado 29 de octubre, el salón del Concejo municipal recibió a estos hombres y mujeres de poncho y carriel que tuvieron que suspender la segunda cosecha de café más importante del año para atender la audiencia pública que les señala como vándalos y revoltosos, solamente porque se oponen a la minería de cobre en su territorio de Jericó, porque defienden su territorio.
Como si fuera una historia basada en el realismo mágico que inspiró a Gabriel García Márquez, esta querella fue interpuesta por uno de los mismos vecinos de la vereda La Soledad, Rafael José Arteaga, en concordato con la empresa minera Anglo Gold Ashanti.
Todo este proceso judicial se generó a raíz de que, en el mes de diciembre de 2023, durante la noche y como si se tratara de una actividad clandestina sin ningún ejercicio de socialización con las comunidades, la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S BIC instaló una plataforma de perforación encaminada a la ubicación de un piezómetro muy cerca del nacimiento de un cuerpo de agua que, según la empresa, permitiría conocer el nivel del agua en el subsuelo.
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Cuando la comunidad se enteró de este hecho, se movilizaron en protesta contra la intervención de la empresa y a favor de la protección del agua, retiraron la maquinaria que fue entregada a la Policía.
Esta, sería la tercera vez que se cita a audiencia para este caso, un proceso de carácter correctivo que se ha dilatado casi un año y que ha tenido en vilo a quienes se han visto afectados. En las audiencias anteriores, la defensa de las y los campesinos había presentado la recusación del inspector, pues se evidenciaba parcialidad y favoritismo hacia la empresa minera.
Esta medida fue estudiada por el alcalde municipal de Jericó, quien funge como superior jerárquico competente en estos casos, y finalmente resolvió rechazar tal solicitud y mantener al actual inspector a cargo de la resolución del conflicto, a pesar de que la defensa presentó argumentos sólidos y claros sobre la parcialidad del inspector.
Según narran las abogadas de la parte querellada, durante la audiencia se esperaba exponer la defensa material y técnica de las y los querellados, así como la invitación a conciliar, y que se diera apertura a la etapa procesal para la práctica de pruebas, tal y como lo dispone el artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Sin embargo, la defensa se vió condicionada a solo 20 minutos de intervención que el inspector dio a cada abogada para defender a más de 50 querellados, no le permitió el uso de la palabra a las y los campesinos, suspendió la audiencia y al finalizar omitió las etapas procesales siguientes.
«Nos deja un malestar bastante grande porque vemos que es un inspector que no es parcial en su trabajo, sino que tiene su parte a favor de la empresa minera», Gustavo Arboleda, querellado
“Para esta audiencia teníamos la defensa material y técnica de los querellados, así como la intervención de los mismos querellados y la exposición de sus argumentos. Al final de la audiencia, cuando se iba a solicitar al inspector la práctica de algunas pruebas, este tomó la decisión de suspender la audiencia y fallar de pleno, eso quiere decir que no va a abrir el proceso para la valoración de pruebas, y decidirá con la información que tiene hasta ahora, saltándose las etapas procesales que estaban pendientes, en una abierta conducta que vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso de las y los campesinos querellados”, argumentó Xiomara Mendoza, abogada del Instituto Popular de Capacitación-IPC, y representante de la parte querellada.
La decisión del inspector de policía sorprendió a quienes estuvieron presentes en el recinto y fue un golpe que rompió las esperanzas de quienes creen que la justicia siempre está del lado de los buenos.
“Salimos muy insatisfechos con la actuación del señor inspector porque no le vemos mucha claridad en todo lo que y hace en el transcurso de la audiencia, porque es una persona que s ni deja hablar ni se deja explicar para se entienda lo que nosotros queremos decirle y las inconformidades que tenemos con la empresa minera y con todo este proceso que se lleva. Nos deja un malestar bastante grande porque vemos que es un inspector que no es parcial en su trabajo, sino que tiene su parte a favor de la empresa minera”, dijo Gustavo Arboleda, habitante de la vereda La Soledad y campesino querellado.
Como Gustavo, Luz Dary Tobón, mujer lideresa y defensora del territorio, esperaba que las audiencias fueran procesos que clarificaran los hechos pero, en el caso de Jericó, parece una bruma que opaca y espesa el paisaje: “Nosotros estamos muy ofendidos por el señor inspector debía de ponerle un orden a esto. Yo creo que los campesinos no debíamos de estar querellado por una empresa minera, empresa que nos va a traer daños y va a acabar con nuestra agua y nuestra tierra. Me siento muy triste e inconforme”.
Las irregularidades que se están dando en Jericó ocurre a 380 kilómetros de Cali, la ciudad en la que actualmente se están discutiendo los compromisos y acuerdos para salvar la biodiversidad del planeta, proteger la fauna y flora, pero también a los liderazgos ambientales y territoriales que hoy están más en riesgo que nunca.
A todas luces, queda un sinsabor y desesperanza en este proceso de audiencia pública. Se evidencia que la balanza de la justicia está inclinada hacia un solo lado, y que quien debe dar salida a este laberinto judicial y tejer una puntada sin enredos, está priorizando un solo lado de la madeja de hilo.
