El pasado 2 de diciembre, la Agencia Nacional de Minería (ANM) emitió una resolución clave y que tenía en vilo a toda la comunidad del Suroeste antioqueño. En ella resolvió negar la solicitud de la cuarta prórroga de la etapa de exploración presentada por la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S. B.I.C. para las actividades de exploración y explotación en predios ubicados en los municipios de Jericó y Támesis, Antioquia. La decisión se fundamentó en un «análisis técnico y jurídico en el que se evidenció falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social en el territorio», como se lee en la resolución.
Un contrato de hace 18 años
El contrato original de este proyecto fue suscrito el 12 de marzo de 2007 y en este se estableció una etapa inicial de exploración que duraría tres años, los cuales iban desde el 9 de diciembre de 2016 hasta el 8 de diciembre de 2019. Sin embargo, esta etapa se ha triplicado y la empresa ha solicitado y recibido múltiples extensiones desde entonces, obteniendo nueve años de exploración hasta la fecha de la reciente negación.
¿Y a qué se han debido estas prórrogas? La primera fue solicitada en septiembre de 2019 con el propósito de completar o adicionar información relacionada a la actividad minera que iban a realizar, y fue ortorgado por la Gobernación de Antioquia, quien en ese momento fungía como delegada minera, para un periodo entre el 9 de diciembre de 2019 hasta el 8 de diciembre de 2021.
La segunda prórroga, solicitada en septiembre de 2021, se entendió «otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo» por parte de la Gobernación de Antioquia, pues no fue resuelta en el término que establece la ley. Dicha prórroga se extendió entonces desde el 9 de diciembre de 2021 hasta el 8 de diciembre de 2023.
Durante este trámite, la empresa presentó su Estudio de Impacto Ambiental en el 2019 y fue archivado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en mayo de 2022, al consideró que este documento «no contaba con la información suficiente para tomar una decisión de fondo» y existía deficiencia con respecto a los impactos ambientales y socioeconómicos del proyecto.
Es en el marco de este proceso que la empresa solicita la tercera prórroga, con el objetivo de recolectar información adicional para el nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Dicha prórroga fue aprobada por la ANM 6 de diciembre de 2023 hasta el 8 de diciembre de 2025, concediendo dos años más para la etapa de exploración.
Luego de esto, el 5 de septiembre de 2025, la empresa solicitó una cuarta prórroga que buscaba extender la fase de exploración por dos años más, pues a la fecha no habían podido completar los estudios y trabajos de exploración necesarios para el nuevo Estudio de Impacto Ambiental con las exigencias establecidas por la ANLA.
La empresa justificó esta necesidad basándose en la ocurrencia de «vías de hecho de terceros» y a las restricciones impuestas por la «declaratoria de zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal».
Estas “vías de hecho” que menciona la empresa, han sido las acciones de defensa del territorio impulsadas por la comunidad de Jericó y que, a la fecha, han dejado a más de 50 campesinos querellados y 11 campesinos denunciados penalmente.
¿Por qué se negó la cuarta prórroga?
La ANM sustentó su decisión en un análisis minucioso de los componentes ambientales y sociales y concluyó que la solicitud «no cumple con el sustento requerido para ser concedido».
Esta decisión se toma basado en que, a la fecha, la empresa no ha complementado ni hecho los ajustes necesarios al Estudio de Impacto Ambiental, advirtiendo que la «ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental, actualizado y ajustado a los Términos de Referencia, representa riesgos significativos para los ecosistemas y las comunidades».
Así mismo, señaló la ANM que el título minero se encuentra dentro de la Zona de Reserva Temporal establecida mediante la Resolución 855 de 2025 del Ministerio de Ambiente y bajo esta figura “no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales».
Finalmente, uno de los argumentos que más peso tuvo en esta decisión fue el reconocimiento de un conflicto socioambiental y unas tensiones entre las comunidades del Suroeste antioqueño
Para Fabián Andrés León, director del Centro de Información sobre Empresa y Derechos Humanos (CIEDH), esta historia en Jericó es «un buen ejemplo de lo que no se debe hacer en un proyecto de extracción minera, pues demuestra claramente debilidades en la debida diligencia y un mal relacionamiento con las comunidades».
¿Y qué sigue entonces?
Con la negación de la prórroga, el contrato finalizó su etapa de Exploración y automáticamente ingresó a la etapa de Construcción y Montaje, una fase que estaba presupuestada para iniciar el 9 de diciembre de 2025 y finalizar el 8 de diciembre de 2028. Sin embargo, la ANM estableció que hasta que no se cuente con la respectiva Licencia Ambiental, la empresa no puede iniciar actividades de construcción y montaje, y explotación.
Fabián señala que esto implica que «todo el proceso queda detenido hasta que ellos logren demostrar, a través del estudio de impacto ambiental y luego la extensión de la licencia que pueden continuar”. Lo que significa que si la empresa no logra obtener el licenciamiento en esta etapa, el título puede entrar en caducidad. Sin embargo, afirma León, la empresa aún puede ejercer su derecho a interponer el recurso de reposición o recurrir a la nulidad de la decisión.
La sociedad civil como protagonista en esta historia
Durante los últimos tres años, en la Agencia de Prensa hemos registrado la participación activa y organizada de la comunidad, y que hoy influyó drásticamente en la decisión administrativa.
Lina Velásquez, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, afirma que en estas tierras se está «celebrando la decisión de la Agencia Nacional de Minería. Es como un regalo de Navidad anticipado y yo quiero destacar que el tema social fue un argumento importante para negar la prórroga de exploración minera Quebradona. No puede pasar inadvertido en el país que una multinacional extranjera querellara a más de 50 campesinos y líderes y que tenga judicializados a 11 campesinos por protestar contra un proyecto minero”.
Para Fabián, «una sociedad civil organizada, vigilante, articulada, juega un papel fundamental en la protección de los territorios y da muestra que una alianza entre sociedad civil articulada y robusta, puede ser una buena forma de poner a los derechos humanos en el centro de los debates».
Ahora es necesario mantener una rol vigilante, concluyen Lina y Fabián, pues es urgente que el Ministerio de Ambiente contrate los estudios que permitan ahondar en la importancia y reconocimiento de las aguas subterráneas. De cara al futuro, existe un escenario político incierto, pues si bien se ganó una batalla, aún hay mucho por disputar y en este mundo de las leyes, cualquier cosa puede pasar.
