Esta es la historia de dos ríos que buscan su salvación.
El primero de ellos, el río Atrato, carga con la fama de ser el más caudaloso de nuestro país. Nace en el Cerro Plateado, municipio del Carmen de Atrato, en el Chocó y recorre este departamento en su totalidad, marcando también una frontera hídrica con el departamento de Antioquia.
Desde hace 8 años, los 750 kilómetros de este río que desembocan en el golfo de Urabá, fueron reconocidos por la Corte Constitucional como sujeto de derechos “con miras a garantizar su conservación y protección”, como dice la sentencia T-622 de 2016, ante los graves daños sociales y ambientales causados principalmente por la minería y el uso del mercurio.
Una situación similar a la que vive su vecino del frente, el río Cauca.
Tres años después del reconocimiento del Atrato, nació la sentencia 038 de 2019, con la cual el Tribunal Superior de Medellín declaró los derechos del río Cauca. Este, el segundo río más importante de Colombia, tiene una longitud de 1.360 kilómetros que recorre nueve departamentos y ha representado la base económica, alimentaria, de transporte, cultural y social de gran parte del occidente de nuestro país.
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La sentencia del Cauca reconoce los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, ante los impactos ocasionados por el megaproyecto Hidroituango y las actividades de extracción minera y maderera tanto en la cuenca alta del río, en su nacimiento en el departamento del Cauca, como en la cuenca media y baja, con su desembocadura en el río Magdalena.
Las comunidades étnicas y campesinas han celebrado estos fallos jurídicos que simbolizan el primer paso hacia la protección de dos elementos naturales que son de todos, no solo de quienes habitan en la cuenca. La creación de los cuerpos colegiados de Guardianes del río en ambas sentencias ha sido la figura de representatividad entre las comunidades y las entidades públicas y privadas involucradas para dar efectivo cumplimiento a lo decretado.
Sin embargo, los vacíos que existen en ambas sentencias y sus abismales diferencias, la falta de acompañamiento institucional y la lentitud en el proceso de implementación, han generado un sinsabor entre los guardianes, las entidades que les asesoran y las comunidades, que equiparan estas sentencias como las tantas leyes que se promulgan en el Congreso de la República y que no tienen ningún cumplimiento ni incidencia en la realidad social.
Los guardianes del Cauca y del Atrato
Se reconocen por su prenda identitaria: un chaleco azul para los del Cauca, una camiseta amarilla para los del Atrato. El tono y el acento de sus voces, el color de sus pieles y hasta el escenario de origen de sus procesos como guardianes reflejan grandes diferencias entre ambos cuerpos colegiados y las sentencias a las que cada uno representa.
Estas diferencias fueron evidentes durante el intercambio entre guardianes que se llevó a cabo entre el 9 al 12 de julio, en el municipio de Caucasia, Antioquia. El encuentro inició con un reconocimiento territorial y geográfico de ambos afluentes hídricos. Dibujaron mapas, dibujaron el río, dibujaron las problemáticas y los daños ambientales y sociales que han causado las empresas y el mismo Estado ante la permisividad de las actividades extractivas.
En medio de las agitadas conversaciones que tocaron las fibras e historias de las comunidades, Luz Enith Mosquera, integrante del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y guardiana del río Atrato, escuchó con atención las problemáticas del Cauca y de su cuerpo colegiado. Luego tomó la palabra por un largo rato y señaló los grandes vacíos que presenta la sentencia 038 con respecto a la T-622.
La más grande tiene que ver con las entidades accionadas: mientras que en el Atrato la sentencia acciona a alcaldías, gobernaciones, Corporaciones Autónomas Regionales, diferentes ministerios e instituciones del Estado; en la del Cauca solo se acciona al Estado colombiano y EPM, y habla de la participación de un equipo asesor conformado por el Instituto Instituto Alexander Von Humboldt, la AUNAP, CORANTIOQUIA, y el Instituto Popular de Capacitación – IPC, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos – CIEDH, y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.
Pero hay una más y tiene que ver con el proceso social y cultural de base que respalda a los guardianes y las sentencias.
La diversidad biocultural que habita a lo largo y ancho del río Atrato es reconocida por este fallo y es la base con la que los guardianes del Atrato se han hecho escuchar. Su música, cosmogonía, ancestralidad, gastronomía y tradición son la identidad de esta sentencia, del río y de su pueblo.
“Un elemento fundamental que pone la sentencia del Atrato es el enfoque biocultural y este conocer justamente que las comunidades que habitan la cuenca están intrínsecamente ligadas a ella; que su vida, su cultura, su espiritualidad, sus formas de relacionarse y hasta de comunicarse dependen del Atrato. Creo que eso es lo que fortalece el ejercicio de la sentencia, que se reconozca realmente el papel de las comunidades y esa profunda relación y vínculo que hay entre ellos y las cuencas que habitan”, señala Enith.
Este empoderamiento y reconocimiento biocultural es la falencia de la sentencia del Cauca. Fabio Muñoz, guardián de este río, reconoce que uno de los mayores aprendizajes durante este intercambio son las acciones y el acompañamiento social que tienen los guardianes del Atrato en su territorio.
“A veces nos sentimos muy solos y sentimos muy limitada nuestra participación. No tenemos con nosotros a alguien de la misma comunidad que nos diga ‘venga que acá lo acompañamos’, así que tenemos una tarea muy grande de unirnos con nuestra comunidad y entre nosotros mismos los guardianes”, dice Fabio.
La visita del cuerpo colegiado del Atrato a la región del Bajo Cauca permitió reconocer y observar las grandes problemáticas que está causando la minería en el río Nechí, afluente que nutre al río Cauca. Una problemática que no dista de los paisajes de destrucción y sequía que por años ha coloreado al río Atrato. Para los y las guardianas del río, este intercambio representó la oportunidad de crear y construir nuevas rutas de acción ante los incumplimientos que están teniendo estas sentencias.
“Creemos que hay una oportunidad para seguirnos encontrando, para seguir dialogando. Sabemos que son experiencias también distintas, que nacen de manera distinta, pero que tienen muchos puntos en común y creo que es fundamental ahí, con esta figura de guardianes, poder dialogar en términos de cómo se afrontan los retos y los desafíos en cada experiencia, y que podemos trabajar de manera colectiva en acciones conjuntas y de incidencia que nos permitan materializar la declaratoria de las cuencas”, señala Enith.
Retos y desafíos de cara a las sentencias
Pensarse en colectividad, desde las cuencas altas, medias y bajas de ambos cuerpos hídricos, fue la principal conclusión de este encuentro, en el cual estuvieron presentes tres organizaciones asesoras de la sentencia del Cauca: el IPC, el CIEDH y el CINEP.
Para Fabián León, del CIEDH, este encuentro representó un momento muy clave para los Guardianes del río Cauca, en tanto se evidenció la necesidad de fortalecer el proceso organizativo y articularlo frente a los desafíos que ha representado el cumplimiento de esta sentencia. Además, es importante recordar que justo este año, se conmemoraron los cinco años de la sentencia.
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“Nos ha permitido a todos aprender el valor fundamental de pensarnos en colectivo y estar buscando formas de articulación en distintos espacios y niveles, y sobre todo de aprender de las experiencias y prácticas de organizaciones y comunidades. Entre los desafíos se encuentra, la necesidad de potenciar la implementación y el poder hacer efectiva la sentencia; en particular, lograr que las entidades de control sean mucho más robustas y tengan un acompañamiento más directo, más serio y más preciso porque en los dos ríos se evidencia claramente que no hay este seguimiento”, afirma Fabián.
La lentitud en los procesos de creación de los Planes de Acción, el paupérrimo acompañamiento de las instituciones que deben garantizar el cumplimiento de las sentencias, la implementación de estas órdenes judiciales en los planes de ordenamiento territorial para la construcción de diálogos y la toma de decisiones, y el trabajo insuficiente de las entidades del Comité de seguimiento a la implementación y los organismos de control como la Procuraduría, Defensoría y Contraloría, han representado grandes obstáculos en la garantía de los derechos de los ríos.
Carlos Zapata, presidente del IPC, ha acompañado el proceso de los Guardianes del río Cauca casi desde su surgimiento. Leer el proceso de ambos cuerpos colegiados le permitió identificar que, desde la misma formulación de la sentencia, hay un proceso mucho más consolidado en el Atrato que en el Cauca.
“En materia del río Cauca, básicamente el cumplimiento está en un nivel casi que negativo, no se ha logrado avanzar en la elaboración de un Plan de Acción para el cumplimiento de los derechos que reconoce la sentencia y, fuera de eso, hemos tenido dificultades para la conformación del cuerpo colegiado de guardianes y el relacionamiento con las otras entidades públicas que hacen parte de la comisión, tanto con el Ministerio de Ambiente que es el Guardián del Gobierno Nacional y con el propio equipo asesor”, sintetiza Carlos.
El papel de estas organizaciones asesoras es acompañar, comprender las dinámicas territoriales e incidir en los espacios de articulación de los guardianes con las instituciones y entidades involucradas. La participación a través de acciones de litigio, formación comunitaria y política, y el monitoreo y análisis del accionar de las empresas que están detrás de los daños ambientales, son algunas de las acciones que han marcado, en el caso del Cauca, los cinco años de implementación.
Javier Medina, del Cinep, reconoce el trabajo comunitario que han desarrollado los Guardianes del río Cauca y la necesidad de crear escenarios de diálogo y concertación con el Ministerio de Ambiente y el guardián del Gobierno. Es por eso que hace un llamado al Estado, al ministerio y a las demás entidades asesoras a dar cumplimiento efectivo de la sentencia y proteger la participación comunitaria.
“Es muy importante fortalecer estos diálogos entre procesos para generar un escenario de diálogo y de aprendizaje pero sobre todo de acción conjunta frente a las entidades, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero también frente a otras entidades implicadas en el cumplimiento de la sentencias. Es necesario que estas instituciones intervengan de mejor manera, siempre en consulta con los cuerpos colegiados de guardianes y con las comunidades, para garantizar la protección de sus derechos y de la sentencia”.
A pesar de los años de lucha y resistencia de las comunidades, ante las barreras y negligencias de quienes deben cumplir con lo dictado en las sentencias, los y las guardianes no declinan en sus luchas y se fortalecen en la colectividad para continuar exigiendo un río libre y limpio.
Ser guardián y guardiana representa la responsabilidad que tienen, no solo con sus comunidades y compañeros de lucha, sino con el ser vivo que les atraviesa desde que nacieron: sus ríos que les han dado vida, comida y abrigo.
Para Fabio, ser guardián se ha convertido en parte de su vida actual, pensando en las generaciones futuras que dicta la sentencia, “es nuestra fuente de vida en los territorios”. Para Enith ser guardiana ha representado la posibilidad de llevar la voz de las comunidades ribereñas, ser la voz de su gente y de su cuenta, “es la vida de la propia gente y ahí se tiene una responsabilidad muy grande”.
Hoy Fabio, Luz Enith y los demás guardianes son la voz de un ser que no tiene voz pero que ruge con sus aguas ante las actividades extractivas que poco a poco lo han secado y menguado en su caudal.
