Seguridad se queda corta en Medellín

Insuficientes han resultado hasta ahora las estrategias de seguridad implementadas por la Alcaldía de Medellín. Eso concluyó el personero municipal, Rodrigo Ardila, al presentar el informe sobre la situación de derechos humanos en 2012. El balance evidenció graves violaciones a los DDHH y al Derecho Internacional Humanitario.

Si bien, el ministerio público reconoció una reducción del 24,3% en los homicidios, al pasar de 1.649 en 2011 a 1.249 en 2012[i]; el informe hizo evidente que la capital antioqueña enfrenta otros problemas como las desapariciones forzadas, el desplazamiento intraurbano, las amenazas y las extorsiones, por mencionar algunos.

Además, pese a la reducción de muertes violentas, al ministerio público le preocupa que la tasa de homicidios de la ciudad siga siendo una de las más altas del país. Según el informe, en Medellín se registran 52,2 muertes violentas por cada cien mil habitantes (p.c.m.h.) mientras que en Bogotá se reportan 16 p.c.m.h. La estadística es liderada por Cali con 82 homicidios p.c.m.h.

Sobre esta situación, el personero Rodrigo Ardila manifestó que “el derecho a la vida no se puede reducir ni medir por cifras” y le hizo un llamado a la alcaldía de Aníbal Gaviria, porque “las estrategias policivas y militares, así como las estrategias de recompensas, incremento de fuerza pública, video vigilancia y la Secretaría de Seguridad, han sido insuficientes en la superación del conflictividad en Medellín.”

Sobre el indicador de homicidios, que tanto ha referido la administración municipal para hablar de seguridad en la ciudad, el ministerio público también hizo una alerta por el elevado número de jóvenes asesinados.

De acuerdo con la información del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), del total de homicidios la mayoría de las víctimas fueron hombres, con 1.163 casos. De esta cifra, el 39% tenían edades entre los 18 y los 26 años, 475 casos; el 20% entre los 27 y los 32 años, 245 casos; y el 9% entre los 14 y los 17 años, 109 casos.[ii]

Varios de estos crímenes, según la Personería, se habrían cometido porque los jóvenes cruzaron fronteras invisibles, hicieron denuncias contra grupos ilegales o porque tenían parentesco con algún miembro de estas agrupaciones. También porque se negaron a obedecer toques de queda, a ingresar a los combos o a pagar extorsiones.

Para enfrentar esta situación, Rodrigo Ardila instó a la “Secretaría de Juventudes a hacer un trabajo con los jóvenes de Medellín para ver cómo éstos no llegan a los grupos al margen de la ley y a la vez darnos la oportunidad de sacar a estos jóvenes de la conflictividad armada.”

Antes de avanzar en otros puntos del análisis, vale exponer que las comunas con la mayor tasa de homicidios fueron la 10 (Candelaria) con 172,5 h.p.c.m.h; la 13 (San Javier) con 119,2 h.p.c.m.h; la 8 (Villa Hermosa) con 81,1 h.p.c.m.h; la 4 (Aranjuez) con 57,7 h.p.c.m.h; la 15 (Guayabal) con 61,5 h.p.c.m.h; y la 16 (Belén) con 41 h.p.c.m.h.

Esto sin mencionar las elevadas tasas de homicidios que tienen los corregimientos de Altavista, 134,6 h.p.c.m.h; Santa Elena, 106,9 h.p.c.m.h; San Cristóbal, 94,7 h.p.c.m.h; y San Antonio de Prado, 86,5 h.p.c.m.h.

Desapariciones, desplazamientos y amenazas: violencias silenciosas

Mientras las elevadas tasas de homicidios visibilizan los conflictos que padecen algunas comunas de Medellín, atrayendo las miradas hacia esos sectores, otro tipo de violencias, no menos graves pero sí más silenciosas, vulneran los derechos humanos en diferentes zonas de la ciudad.

Es el caso de agresiones como la desaparición que, en contravía con los homicidios, suelen tener mayor incidencia en comunas donde no son recurrentes las confrontaciones armadas porque existe hegemonía de un grupo armado ilegal.

Según las estadísticas del ministerio público, durante el 2012 se reportaron 521 personas desaparecidas en Medellín, de las cuales 320 siguen en esa condición (74%), mientras 116 aparecieron vivas (22%) y 17 muertas (3%). En promedio 1,4 personas desaparecen cada día en la ciudad.

Entre las principales causas de desaparición, la Personería identificó ajustes de cuentas al interior de los grupos armados, reclutamientos forzados, trata de personas –en su mayoría mujeres- y “limpiezas sociales”, principalmente en el centro de Medellín (comuna 10) donde las convivir desarrollan esta práctica y donde la población más vulnerable son niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

De acuerdo con el personero delegado para los Derechos Humanos, Jesús Alberto Sánchez, la desaparición sería utilizada por “los grupos armados ilegales para tener la posibilidad de invisibilizar sus actuaciones sin llamar la atención de las autoridades, ocultar pruebas y generar un ambiente de pánico entre la población a la que pretenden controlar. Esta práctica les resulta más ventajosa que el homicidio porque les genera impunidad.”

Por eso aunque la cifra presenta una reducción, en comparación con los dos años anteriores[iii], las desapariciones continúan preocupando a la Personaría dado su impacto en la sociedad. Pero a diferencia de esta práctica, las amenazas sí han incrementado su número en los últimos años y continúan obstruyendo el goce efectivo de los derechos.

El personero Rodrigo Ardila reveló que en 2012 se recibieron 2.427 declaraciones de amenazas, con el agravante de que esta agresión suele estar asociada al desplazamiento forzado intraurbano. Las comunas 13 y 8 fueron las zonas con el mayor número de amenazas, 611 y 431 respectivamente, lo que representa el 43% de los casos.

Y aunque en esos dos sectores ha sido evidente la intensificación del conflicto urbano, la Personería también llamó la atención por “otras comunas como la 1 (Popular), la 3 (Manrique), la 5 (Castilla) y la 16 (Belén), -que- a pesar de no registrar altos niveles en la confrontación armada, presentaron el 28% de estas amenazas.”[iv]

Otro factor que complejiza la problemática es que, según la Personería, el 80% de las intimidaciones provienen de grupos armados del sector donde vive la víctima. Esto ayudaría a dimensionar la magnitud del control social y territorial que ejercen las agrupaciones ilegales en la ciudad. Una de las situaciones más graves durante el 2012 ocurrió en la comuna 8, donde una banda criminal obligó a 100 familias, unas 250 personas, a desplazarse.

De esta forma podrían continuar analizándose un sinfín de vulneraciones a los derechos humanos y al DIH que fueron expuestas en el informe de la personería y dan cuenta de que Medellín sigue mal en materia de seguridad, pese a los esfuerzos en este campo.

Nueve amenazas colectivas, seis paros de buses por razones de inseguridad, ocho conductores de transporte público asesinados, un paro armado ilegal decretado por un grupo de paramilitares pos desmovilizados, 197 quejas contra la fuerza pública por vulneración de los derechos humanos y el DIH, 607 denuncias de extorsión ante la Fiscalía y 17 muertes por balas perdidas, son algunas de las razones que sugieren la necesidad de nuevas estrategias para brindar seguridad.

El mismo personero Rodrigo Ardila hizo la recomendación, recogiendo en parte lo que han reclamado diferentes organizaciones sociales: la necesidad de medir la seguridad con mecanismos distintos al indicador de homicidios y aplicarle un enfoque humano a la estrategia.

Así lo expresó el personero: “A la Alcaldía, realizar una intervención humanitaria en los territorios más afectados por la disputa territorial de los grupos armados ilegales y desplegar programas efectivos para prevenir la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las estructuras armadas (…) Efectuar una interlocución directa con la ciudadanía, las comunidades, y las organizaciones sociales, para garantizar así la presencia del Estado de una manera integral y dar aplicación del enfoque de la seguridad humana en las diferentes comunas.”

El representante del ministerio público concluyó que en este enfoque de seguridad humana no basta con aumentar la fuerza pública sino que debe hacerse un esfuerzo integral con todas las secretarías. Tal vez de esa manera empiece a mejorar, en forma tangible, la seguridad en Medellín.