¿Serán posibles los compromisos del acuerdo para poner fin al conflicto?

Artículo de opinión por José Girón Sierra, socio del IPC

A quienes hemos defendido la solución política negociada del conflicto armado y quienes de alguna forma habíamos perdido la esperanza de que esto se hiciera realidad, nos sorprende hasta donde ha llegado el proceso que se adelanta en La Habana, Cuba, entre el Gobierno colombiano y las FARC. Sin embargo, cuando en medio de este alborozo nos detenemos a escudriñar en el calado de los acuerdos hasta el momento consensuados, el asombro es mayor porque nos retrotrae hacia una vieja práctica de la élite colombiana de firmar pactos, acuerdos y negociaciones a sabiendas de que no se cumplirán. Los movimientos sociales y por supuesto la insurgencia, tienen una clara conciencia de ello pues la historia es rica en hechos que demuestran ese espíritu tramposo. Desmontar y desmovilizar la protesta social mediante compromisos espurios ha sido una práctica bastante socorrida y de la cual no hay ninguna  razón para pensar que haya renunciado.

Dos gruesos interrogantes, por lo tanto, suscita el ejercicio de mirar el calado de los contenidos de los acuerdos: su financiación y la voluntad política para abocar las transformaciones institucionales hasta el momento concebidas.  Responder a ellos,  sobre todo cuando el tiempo para hacerlo no es mucho, pues como se sabe resulta apremiante ya que si bien la llamada etapa del posconflicto puede abarcar un periodo de tiempo relativamente largo, las decisiones centrales deben tomarse y concretare en caliente, esto es, en los primeros cuatro años, en el momento en el que el Estado y la sociedad estarían en sintonía y habría un alto el interés sobre el tema.

Hasta ahora y faltando lo relativo al punto del fin del conflicto en donde estarían las mayores responsabilidades de las FARC, son 44 los compromisos adquiridos dentro de los cuales hay por lo menos 24 cambios legislativos  y la elaboración de siete planes y cuatro programas en áreas propias de los temas de la agenda. Es preciso señalar que ninguno de dichos compromisos requiere de reformas constitucionales. Casi la totalidad de ellos son responsabilidad del Estado colombiano, pero de manera más específica del Gobierno.  Es importante señalar que algunos de los compromisos ya están en curso como la reparación a las víctimas, el desminado, acciones de reconciliación entre insurgencia y víctimas. Además se ha avanzado en el cese bilateral del fuego y el gobierno ha pretendido, por fuera de la mesa de negociación, incorporar una legislación que viabilice la firma del acuerdo.

Lo que está de fondo entonces en estos compromisos es el rediseño de la institucionalidad en sus instancias nacionales y territoriales, lo que implica cuantiosos recursos que aún no están muy claramente concretados, y exige un liderazgo muy fuerte del Gobierno para que concite la voluntad del Estado, la sociedad y los poderes territoriales en muchos casos adversos al  proceso. Sobre esto último las dudas son muchas y la preocupación es inmensa, pues si este pacto entre gobierno e insurgencia se ha concebido y pensado desde un enfoque territorial, es una verdad de a puño de que es en los territorios en donde el Estado acusa los mayores problemas en infraestructura legal y legitimidad. Esto reviste connotaciones, cuando en vez de resolverse se profundiza la polarización con respecto a los contenidos y validez del proceso de negociación entre el Gobierno y las FARC. Muy pocos poderes territoriales estarían dispuestos a comprometer su acumulado político en un proceso que aún no logra consensos importantes y en cuyos contenidos podrían estar comprometidos intereses históricos defendidos a sangre y fuego. Al respecto, es elocuente la marginalidad , cuando no la ausencia, del tema de la paz en los programas de gobierno de los alcaldes y gobernadores en las pasadas campañas electorales, y su correspondencia con los planes de desarrollo que en la actualidad se diseñan en los municipios y departamentos.

No se podría dejar por fuera la movilización de los miedos cuando es inminente la firma  del acuerdo. Esto que es bien conocido en las experiencias  de cierres de conflictos de larga duración,  en el caso nuestro es de una evidencia insoslayable. Insurgencia y Gobierno se vuelven más precavidos y la ultraderecha recompone su estrategia política y militar. Es pues el momento para que el acumulado del miedo tan eficaz en la estrategia contrainsurgente, sea alimentado asesinando líderes sociales, reviviendo la amenaza del comunismo y sus consecuencias sobre la propiedad privada, y profundizando la impopularidad de un presidente que todos los días da motivos para ello, socavándose así la figura sobre quien recae la responsabilidad de liderar el proceso.

Respecto a la financiación de los recursos que se necesitarían, el Gobierno colombiano aún no cuenta con un estimativo. Los cálculos se mueven entre 54 billones de pesos, según una investigación de la senadora Claudia López;  y una cifra  que Fedesarrollo estimada entre 80 y 90 billones de pesos. Es importante señalar que los costos de la sola reparación a las víctimas, según el mismo Gobierno, estarían en un cifra cercana a los 54 billones. Para el Gobierno sus esfuerzos se han orientado a lograr una participación importante de la cooperación internacional que, en palabras del Ministro del Postconflicto, Rafael Pardo, sólo llegarían al 5% del monto global. Si el mayor peso de los costos los asumiría el Estado colombiano ¿de dónde saldrían estos recursos si nos es a partir de una mayor tributación? En un momento en el que la economía se encuentra afectada por los precios del petróleo y la devaluación de la moneda, y en que se pronostica la amenaza de una nueva recesión.

El arrinconamiento que sufren los proyectos de izquierda en la región, en parte derivado por errores bastante bien utilizados por una derecha que se ha visto oxigenada y que se encuentra ávida de recuperar el poder, añade una situación adversa cuyos efectos frente  a una probable etapa de postconflicto no podrán ignorarse. De hecho su ofensiva en nuestro caso, en los preámbulos de la firma del Acuerdo, está orientada a invalidar los efectos que podría tener la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que poco tiene para mostrar pero que es una amenaza a sus intereses. Esto es un hecho que presagia las agudas tensiones a las que nos veremos abocados, y evidencia, a contrapelo de los analistas que aun cuestionan las causa estructurales del conflicto armado, lo profundo que se encuentra en sus entrañas el tema de la tierra.

El escenario como podrá colegirse no es de ninguna manera el mejor. Ese tránsito de lo formal -el acuerdo-, a lo real -su refrendación e implementación-, es el mayor desafío al cual se verán apremiadas las fuerzas progresistas y democráticas  de la sociedad colombiana. La pugna por los intereses en juego es aguda. Por esto, resulta pertinente pasar revista a los compromisos de un proceso en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, para tomar conciencia del tamaño de dicho desafío. Concluyo, repasando a manera de titular, esos compromisos:

“Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral (RRI)” 

• Creación de un Fondo de Tierras para la Paz.
• Formalización progresiva de todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia.
• formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro.
• Creación de un sistema de alimentación y nutrición para erradicar el hambre.
• Crear los consejos departamentales y locales, así como un consejo nacional de alimentación y nutrición para que defina los lineamientos y coordine la puesta en marcha de las políticas en los diferentes niveles.
• Creación de una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidades regionales.
• Definición por parte del Gobierno nacional de los lineamientos  generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación,  el bien  común y las visiones territoriales.
• Establecer un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal.
• Reconstruir la red de vías terciarias.
• Corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones.
• ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje.
• Establecer un nuevo modelo especial en salud  que atienda, con un enfoque diferencial, zonas rurales dispersas con pertinencia y énfasis en prevención, que acerque el servicio a los hogares o lugares de trabajo de la población rural.
• Establecer un plan en educación, que entre otros, erradique  el analfabetismo en las áreas rurales.
• Establecer un plan que fomenta la economía solidaria y cooperativa rural.
• Establecer un  plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria.
• Establecer un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria.
• Se crearan programas de desarrollo con enfoque territorial, para los efectos de la reforma agraria integral que es de aplicación universal.

Participación política

Sobre derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general.

• Creación de un estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas.
• Para los efectos del numeral anterior, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición.
• Establecer un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda  en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política.
• Para los efectos del numeral anterior, se creará una instancia de alto nivel y la correspondiente adecuación normativa, que garantice su funcionamiento.
• Establecer un sistemasimilar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
• Elaborar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales.
• Construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, especialmente  por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.
• Para los efectos del numeral anterior, Creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia.
• Establecer un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en el control por parte de los ciudadanos en la implementación del Acuerdo Final.
• Llevar a cabo los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbralen las elecciones de Congreso, y en consecuencia redefinir los requisitos para su constitución.
• Conformar un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales seccionales, en las circunscripciones de mayor riesgo de fraude electoral; fortalecer la capacidad de investigación y sanción de los delitos, las faltas electorales y la infiltración criminal en la actividad política.
• Reforma del régimen y de la organización electoral, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo el Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral.
• Para los efectos del numeral anterior, se creará una misión electoral especial. La misión estará conformada por expertos de alto nivel, que se seleccionarán según el mecanismo que acuerden las Partes, que en un plazo de hasta 6 meses presentará sus recomendaciones con base en las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes
• Creación de zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un número por definir de Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal (están pendiente por definir las zonas, el número total de curules y el número de períodos electorales para estas).
• Habilitar un canal institucional de televisión cerradaorientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en el marco del respeto por las ideas y la diferencia.
• Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal.

Solución al problema de drogas ilícitas

• Crear el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS.
• Poner en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.
• Crear el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo.
• Poner en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.
• Poner en marcha una estrategia de política criminal, en forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad institucional y concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas.
• Promover una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas.

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos.

• Crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema implica:

Crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final.

Crear la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto en razón del conflicto armado.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto y tras la firma del Acuerdo Final, una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

• Crear la Jurisdicción Especial para la Paz.
• Diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales.
• Creación de una comisión asesora convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos.