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Como un fallo sin precedentes calificó la Defensoría del pueblo la decisión de un juez de Medellín que le ordenó a la Unidad Nacional de Víctimas reconocer el desplazamiento forzado de 18 familias, originado por bandas criminales en el Cerro Pan de Azúcar, oriente de la ciudad. El veredicto se dio en respuesta a una tutela y ordenó incluir a estas personas en el Registro Único de Víctimas.

Lo trascendental del fallo es que se reconocen dos cosas que no están contempladas para reparación administrativa en la Ley de Víctimas –Ley 1448 de 2011-. La primera es que la decisión obliga a reconocer y reparar a víctimas de bandas criminales y, la segunda, es que se reconoce la modalidad de desplazamiento forzado intraurbano.