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•  Delegado de Unicef expresó sus reparos a iniciativa de aumentar penas a jóvenes
•  A nivel nacional también se escuchan voces rechazando esta propuesta gubernamental
  

Aumentar las penas privativas de la libertad para los adolescentes que cometan delitos de alto impacto como el homicidio y el terrorismo, tal como lo propone el Gobierno nacional a través del proyecto de Ley 164, no sólo significa un retroceso en las políticas públicas dirigidas a atender la población infantil y juvenil sino que además, no resuelve el problema de la criminalidad en el país.   

• Habitantes del sector denuncian confinamiento y despojo de viviendas
• Detrás de esta ola de violencia estaría alias El Rolo, uno de los prófugos del Pedregal 

[caption id="attachment_299" align="alignright" width="450"]El deterioro del orden público en la comuna 8 se viene registrando desde finales del año pasado, sostienen moradores.[/caption]Pese a que ha presenciado guerras y violencias muy similares a las que sufre ahora, Gloria* nunca había tenido que abandonar Villa Liliam, el barrio en el que ha vivido por más de cuarenta años. Pero la fuerte confrontación entre bandas y combos delincuenciales que se libra actualmente en la comuna 8, centro-oriente de Medellín, acabaron por completo con su resistencia.

El interés por temáticas relacionadas con los derechos humanos parece abrirse camino entre los habitantes de Medellín. Prueba de ello es el incremento de proyectos priorizados por las comunidades través del programa Presupuesto Participativo.  

Si hay sector en Medellín que haya padecido como ningún otro los efectos de la guerra que sostienen combos y bandas por el control de rentas ilegales y legales es el educativo. Deserción escolar, vinculación de estudiantes a actividades ilícitas, amenazas a alumnos, docentes y directivos son, entre otros, los problemas que hoy tiene que enfrentar la educación en la ciudad.

El Municipio de Medellín tendrá que solucionar, en un plazo no mayor a nueve meses, todas las fallas estructurales que presentan las viviendas del barrio Nuevo Amanecer, en el corregimiento Altavista, so pena de enfrentarse a un proceso legal que le acarrearía serias consecuencias jurídicas y económicas.

[caption id="attachment_343" align="alignright" width="450"]La escena se está volviendo cotidiana: familias que tienen que salir, a veces en cuesitón de horas, de sus barrios debido a amenazas. [/caption]De acuerdo con la Personería de Medellín, en lo que va corrido del año unas 4.469 personas han tenido que abandonar sus barrios de manera forzosa, lo que representa un aumento del 72% con respecto a lo registrado en todo el año 2009, cuando unas 2.657 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado intraurbano.

[caption id="attachment_302" align="alignright" width="450"]El concepto de seguridad humana lo acuñó por primera vez el Pnud, en 1994, tras plantear cambios en el paradigma de la seguridad. [/caption]En Medellín, donde la violencia pareciera enquistarse en lo más profundo de la sociedad, se requiere construir nuevas políticas públicas de seguridad de la mano con las comunidades: que sus necesidades sean escuchadas, sus planteamientos acogidos y las acciones redunden no sólo en la prevención de los factores de violencia sino en un mejoramiento integral de la calidad de vida de las mismas.

[caption id="attachment_608" align="alignright" width="450"]Transportadores, estudiantes, docentes y directivos docentes, líderes comunitarios y religiosos, figuran como los grupos poblacionales más expuestos al riesgo.[/caption]Pese al descenso de los homicidios que ha experimentado la ciudad de Medellín en las últimas semanas, los riesgos para las comunidades barriales no disminuyen. Así lo advierte el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo que a través de su Informe de Riesgo No 016-10 señala que cerca de 298.436 personas que viven en 54 barrios de 11 comunas de la ciudad, se encuentran en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones.

Los habitantes del barrio Manrique Las Nieves, nororiente de Medellín, aún se preguntan qué fue lo que realmente ocurrió el pasado 28 de agosto luego de un enfrentamiento armado que dejó como resultado la extraña rendición de los miembros un grupo armado que ahora figuran como víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, en hechos donde hubo mediación de efectivos de la Policía Nacional.

En los barrios de Medellín no sólo se disputan territorios y rentas derivadas de las vacunas y las plazas de vicio; también están en juego actividades relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de jovencitas. Así lo manifiestan organizaciones sociales de la comuna 1, nororiente de la ciudad, quienes han detectado una preocupante modalidad de trata de personas que esconde toda una red de comercio sexual dominada por peligrosas estructuras armadas.