Carlos Páez tendrá que esperar hasta el jueves 28 de enero para relatar ante un Tribunal de Justicia y Paz cómo los paramilitares le arrebataron su finca mediante venta fraudulenta y cómo ahora esa misma propiedad figura a nombre de un pariente del presidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión frustró las intenciones no sólo de Carlos sino también de cerca de 20 víctimas de despojo provenientes de apartados rincones del Urabá y Occidente antioqueño quienes esperaban contar sus historias ante este Tribunal a la espera de una solución definitiva a su situación.
La disposición del Magistrado obedeció a que el viernes 22 de enero, en horas de la tarde, los abogados defensores de Raúl Hazbún, alias “Pedro Bonito”, quien fuera integrante del bloque Élmer Cárdenas, expresaron su extrañeza al no ser notificados de la realización de dicha audiencia, pues argumentaron que varios de los predios sobre los que se efectuará la acción de cancelación figuran a su nombre.
Si bien los representantes de las víctimas aclararon que ninguna de las propiedades aparece a nombre de Hazbún, el Magistrado fue claro en señalar que “la jurisprudencia de
Si bien la cancelación de títulos fraudulentos es una medida de la justicia ordinaria, la audiencia había sido solicitada por
Entre los predios usurpados está el de Carlos. Se trata de “
“El hombre nos dijo que le vendiéramos y nosotros, pues, no queríamos. Él fue a la finca como unas diez veces hasta que al final nos dijo: ‘o nos venden o se las quito”, recordó Carlos. En una tarde de domingo se selló el “negocio”. Juan Mejía llegó acompañado de un notario de Chigorodó, municipio del Urabá antioqueño. Pactó el precio de la tierra a 200 mil pesos hectárea y acordó las formas de pago: la mitad a la hora de firmar el contrato y el resto a un año.
“Nos tocó firmar. Mejía sólo nos dio 20 millones de pesos. Y no más. Nos dijo que si no queríamos problemas, dejáramos las cosas así. Es decir; la hectárea salió a menos de 100 mil pesos, cuando bien hubiera podido valer más de un millón de pesos”, relató Carlos.
Mediante este mecanismo, hombres de los bloques Bananero, Élmer Cárdenas, Nororiental y la denominada “Casa Castaño”, lograron apoderarse de por lo menos
Nuevos destinos
Pero en casos como el de Carlos, la acción de la justicia será más compleja de lo que parece. “
“Sabemos que es difícil. Cualquiera que revise las escrituras pensará que fue un negoció lícito, pues aparentemente todo está en orden. Entonces, es mi palabra, es el testimonio de lo que nos hicieron contra empresarios muy poderosos cercanos al poder”, agregó Carlos.
Lo único que él agradece es que hasta ahora no ha sido víctima de amenazas ni intimidaciones como sí las han sufrido otras afectados por este delito. Tal es el caso de Albeiro Valdez, quien por reclamar el predio del que fue desterrado ya ha sido amenazado en tres ocasiones.
“El 20 de diciembre del año pasado me llamaron al celular y me dijeron que me iban a matar a mí y a mi familia si seguía insistiendo en recuperar la finca”, contó Albeiro. Su historia, como todas las relacionadas con despojo de tierras, es dramática y delicada.
Hasta el año de 1995 Albeiro era propietario de dos pequeñas parcelas llamadas “Siete Vueltas” y “
Pero un día recibió la visita del comandante paramilitar alias Carlos Correa, jefe del grupo conocido como “Los Correas”, quien le hizo una oferta para nada atractiva. “Me dieron tres opciones: o trabajaba para ellos, me iba o me quedaba y me moría. Decidí irme y días después, montaron en mi finca la primera base de los ‘paras’ que hubo en Necoclí”, señaló Albeiro.
A Albiero no le quedó más remedio que desplazarse con su familia para el municipio chocoano de Capurganá. Pero su desdicha fue tal que los tentáculos de Carlos Correa, el comandante paramilitar que lo desplazó, llegaron hasta esta localidad. “Y en Capurganá me encontró. Me dijo que me iba matar y me tocó irme para Apartadó”.
Albeiro pensó que con la desmovilización de los paramilitares y la muerte trágica de Carlos Correa iba poder recuperar su tierra. Hace cuatro años se inscribió en
Gracias a la asesoría que allí le brindaron, comenzó sus diligencias ante las autoridades respectivas. Hace dos años, el Incoder emitió sobre ambas propiedades la medida de protección. Pero, para su sorpresa, ambas propiedades ya figuraban a nombre de Jairo Humberto Echeverrí Bedoya y Alberto Echeverri Rico, quienes anexaron otras parcelas y ahora poseen una extensa propiedad de cerca de
Y aunque
Albeiro cuenta actualmente con medidas de protección debido a las amenazas de muerte proferidas en su contra. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que él continúe reclamando lo que un día fue suyo. Sin embargo, su esperanza en la justicia no parece ser la misma de varios de sus paisanos. En varios sectores del Urabá ya comienza a gestarse la idea de que la única justicia efectiva es la del Talión: ojo por ojo.
“En Urabá la gente está muy desilusionada con esto de la reparación. Incluso, hay quienes andan diciendo que si no hay un arreglo por las buenas, pues que cogen las armas y a las malas recuperan las tierras que los ‘paras’ les robaron”, sentenció Carlos con aire de preocupación.
