La restitución de tierras en el Urabá antioqueño es un tema que está presente dentro de las agendas locales y nacionales. La disputa por la tierra aún está vigente entre los grupos armados y los intereses capitalistas, mientras que las víctimas despojadas en la década de los 80 y 90, aún siguen esperando una respuesta positiva por parte de los jueces de restitución.
En septiembre de 2024, la Dirección Territorial de Apartadó recibió a Jose Kunzell Jiménez, un abogado cartagenero que lleva casi 11 años trabajando en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y quien se posesionó como el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para el Urabá antioqueño y el Darién chocoano.
Según cifras de la URT, el 2024 cerro el año superando la meta anual en 105%, en la tramitación de 303 solicitudes de ruta individual, la radicación de 155 demandas y la emisión de 38 sentencias por parte de jueces especializados. Así mismo, informó esta entidad que hubo un desembolso de más de dos mil millones de pesos en proyectos productivos para las personas restituidas, logrando más de 850 proyectos ejecutados.
En esta región, las comunidades ven con buenos ojos la apertura de la URT de cara a los procesos y trabajos territoriales. Rescatan la permanencia de los y las profesionales, así como la confianza que se ha tejido entre la URT y los procesos organizativos sociales, que son quienes han acompañado mano a mano a las víctimas de restitución de tierras.
Conversamos con José Kunzell sobre los grandes logros que ha tenido esta territorial, los retos durante los tres últimos meses del 2024, el trabajo con las comunidades, las apuestas que tienen como equipo y las expectativas de cara a este año 2025.
Escuche la entrevista completa en:
Agencia de Prensa IPC: En septiembre de 2024, usted asumió la dirección de la territorial Urabá y se lograron grandes avances, ¿cuáles son esos datos siginifiactivos para hablar de cómo va el proceso de la restitución acá en Urabá?
José Kunzell Jiménez: Ha sido un proceso complejo, difícil porque tenemos a nuestro cargo dos zonas; sin embargo, se han restituido más de 16.000 hectáreas, entre predios de ruta campesina y comunidades étnicas.
Cerramos un trimestre de 2024 muy positivo en términos de ejecución, cumplimos las metas de etapa administrativa y esa cifra supera las 9.700 solicitudes de restitución de tierra, la inscripción de más de 5.000 hectáreas y el fallo de 300 solicitudes.
En el tema judicial, cumplimos con el 75% de lo planeado, se lograron presentar más de 150 demandas ante los jueces de restitución de tierras, que es un dato importante y este año esperamos presentar más de 263. Yo creo que el reto está en que se mantenga el flujo de decisiones permanente y que la gente sepa y vaya teniendo respuestas oportunas de sus procesos.
Para este año, el 45% de la planeación está concentrada en casos que tienen que ver con mujeres, el 77% está enfocado en casos que se presentaron antes del 2018, pero también que cumplen con criterios de enfoque diferencial y de interseccionalidad y fueron los líderes del territorio, representantes de víctimas y organizaciones de víctimas, quienes postularon los procesos y nos dijeron cuáles eran los más sensibles.
AP: ¿Cuál fue esa apuesta con la que el equipo llegó a trabajar?
JKJ: Nosotros trabajamos en unos principios que ponen de presente la dignidad de la gente por encima de cualquier circunstancia. Hemos sido muy respetuosos de las víctimas, tratando de que se sientan escuchadas, pero también hemos sido muy transparentes y honestos con la información.
Hoy tenemos más de 3.494 casos activos en zonas microfocalizadas, de las cuales deberíamos estar dando respuesta inmediata, pero tenemos un equipo muy pequeño. El éxito de la estrategia ha sido direccionar los equipos hacia unos resultados y metodologías claras y concertadas con ellos.
Identificamos, por ejemplo, que es mucho más fácil resolver casos acumulados que trabajar el uno a uno. La dispersión no va a permitir un avance serio en temas de restitución. Hoy se está planteando desde la URT, la figura de los sujetos colectivos en las rutas campesinas, ver dónde hay unas circunstancias de violencia que se parecen, de despojos masivos y de zonas en las que hay graves afectaciones a los derechos humanos.
La estrategia es poder entrar por barridos a los territorios en los que encontramos una densidad importante de casos, concentrarlos, acumularlos y que esas acumulaciones den resultados mucho más contundentes. No es lo mismo resolver hoy un caso en San Juan de Urabá y mañana otro en un Mutatá.
Yo creo que si entramos a San Juan de Urabá hay que hacer un ejercicio de graficar los procesos: dónde están, qué circunstancias parecidas tienen, qué pruebas colectivas me sirven para todos los procesos, qué testimonios son los referenciales y cómo entrar con un equipo de topógrafos para poder medir la totalidad de los predios y que haya decisiones uniformes, más seguridad jurídica y que los retornos puedan ser masivos.
AP: Hay un tema muy clave para los reclamantes de tierra del Urabá y es el relacionado con la seguridad. Y que esta seguridad no es solamente para las víctimas sino para todas las entidades, instituciones y organizaciones que acompañan el proceso.
JKJ: Pensaría uno que lo más grave que pudo haberle pasado a la gente fue el hecho de que, a pesar de las victimizaciones, le hayan quitado las tierras. Realmente yo creo que lo más grave es la destrucción del tejido social y la confianza en las comunidades.
El miedo ya está creado en la gente y los grupos que coexisten en los territorios ocasionó en las comunidades un miedo que todavía persiste. Y poder entender los territorios es poder establecer con claridad cuáles son las dinámicas que persisten y cómo se pueden ir sorteando.
Cuando la restitución de tierras empezó en Urabá, todo el componente de acompañamiento y de modelos de intervención en los territorios estaban pensados con fuerza pública, con una seguridad armada del ejército y la policía, porque era la manera como se había concebido el proceso y era como nosotros podíamos ingresar a los territorios.
Hoy el tema de la seguridad está pensado con un componente humano y de acompañamiento. Tenemos un equipo de aliados que nos acompañan presencialmente, como las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas, la misión de verificación de la ONU, y de alguna manera generamos un componente que no contradice ni desvirtúa el componente de la fuerza pública, a la cual respetamos y agradecemos profundamente.
Hoy tenemos intervenciones en Tulapas, que es el sector que hace parte del macro caso 004 que se surte ante la JEP, y lo estamos haciendo con los líderes sociales. Yo mismo voy a los territorios con ellos, socializo la ruta, explico el proceso, trato de hacerle entender a todas las personas que están en un territorio que indistintamente cuál sea su posición frente al proceso o su condición frente a la tenencia de los predios, hay que darle garantías a todos, y eso de alguna manera debe permitir un avance en el proceso y en las intervenciones.
No podemos seguir esperando que existan condiciones más favorables para poder hacer el proceso.
AP: El proceso de restitución de tierras se ha caracterizado por tener unos cuellos de botella jurídicos que no han permitido que las sentencias se resuelvan y que, por el contrario, se han acumulado en los estrados judiciales colapsando a los y las jueces. ¿Cuáles son esas etapas en las que el proceso sigue presentando un freno muy grande y que tiene a las víctimas en esa espera constante?
JKJ: Es una realidad que los jueces de restitución de tierras están congestionados, tienen un montón de demandas en trámite que no han surtido toda la fase de instrucción y por consiguiente no tienen una sentencia. Nosotros hacemos la fase de documentación de los casos, la investigación, el registro de tierras despojadas y acudir a la etapa judicial.
Corresponde al juez practicar las pruebas, hacer las inspecciones judiciales que correspondan, documentar el caso y, cuando existe una persona que se oponga al trámite de restitución, ya le corresponde al magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la sala especializada en restitución de tierras de Antioquia resolver los casos.
Son tres magistrados que tienen jurisdicción en toda Antioquia. Esto ha ocasionado demora en que se puedan proferir sentencia y es por la cantidad de casos que manejan los jueces en los tribunales de restitución. Se ha demorado el proceso en la etapa judicial porque ya es demasiado lo que va en tránsito y en curso ante los jueces.
Una de las estrategias que ha implementado el Consejo Superior de la Judicatura es tratar de sacar los procesos de la ruta étnica a despachos especializados étnicos, lo que quizás permita descongestionar a los juzgados que trabajan la ruta campesina. La ruta étnica tiene unos decretos especiales y son procesos más complejos por las dimensiones de los territorios.
Sin embargo, también hay circunstancias en las que los procesos se demoran por situaciones que han impedido algún tipo de diligencias en terreno por temas de seguridad. Los jueces tienen sus protocolos y solo van al territorio con fuerza pública. Si bien ellos han venido acompañando el proceso de restitución, lo cierto es que no siempre tienen la capacidad para poder acompañar todas las diligencias en todas las fechas que se programan y muchas se cancelan por las dificultades que se puedan presentar en las coordinaciones.
AP: ¿Cómo va la restitución con enfoque de género y cuáles son las apuestas para este nuevo año?
JKJ: Estamos tratando de que esa planeación permita lograr, no solo la documentación de un porcentaje muy grande de los casos que están en nuestra jurisdicción, sino poder impactar un número considerable de casos que se relacionen con temas de género.
El tema del acceso a tierra por parte de las mujeres ha sido lamentable en términos de igualdad. Hemos encontrado que hay mujeres que, a pesar de hacer parte del núcleo familiar de «el propietario», de contribuir a las dinámicas de la economía familiar en el campo, no se consideran dueñas de la tierra.
Todo esto, producto del machismo que hay en nosotros los hombres y que se reproduce con mucho más arraigo en la población campesina rural. Los hombres son los que disponen de la tierra, son los que en última se disponen a hacer los trámites que tengan que hacer frente a los predios. Uno escucha expresiones lamentables como que las mujeres no tienen derecho a acceder ni siquiera a la solicitud de restitución.
La Ley 1448 estableció en su artículo 91 que, indistintamente de que la mujer no comparezca al interior del proceso, esta debe ser inscrita en registro y declarada con un derecho desde la etapa administrativa. El juez debe fallar reconociendo el derecho en los porcentajes iguales a hombres y mujeres, es decir, que el título debe aparecer a nombre de los dos.
AP: El año pasado, se logró la implementación de 37 proyectos productivos de cacao, limón, maracuyá, plátano y ganadería ¿Cómo ha sido esa interlocución en ese proceso en los proyectos productivos?
JKJ: Los proyectos que están en implementación continúan. Esas inversiones están garantizadas con presupuestos que previamente se establecen. Este año tenemos unas metas de poder implementar proyectos en un número similar de casos en los que lo hicimos el año pasado.
La Unidad tiene una obligación clara y expresa, y es un compromiso: todo lo que el juez ordene en la sentencia debe cumplirse. El equipo aún no ha iniciado labores, pero contamos con todos los profesionales del año pasado para que se retome lo que se venía haciendo y se avance en las sentencias del 2025. Yo espero que este sea el año de la restitución en el Urabá.
AP: Usted lo mencionaba ahora y es que este equipo territorial ha hecho unas alianzas y un trabajo bastante participativo, vinculando a las organizaciones sociales de base en el territorio, ¿cómo ha sido la construcción de esas confianzas en un panorama en el cual las víctimas están perdiendo credibilidad en la institucional antes las demoras de los procesos?
JKJ: Se hace un trabajo muy importante que tiene que ver con la confianza, en donde la misma gente nos abre las puertas para ir al territorio, para sentarse en diálogo.
Yo nunca había visto tanto activismo en un territorio como en Urabá, en relación con la política de víctimas y de reparación. Nosotros aquí ya no tenemos nada más que enseñarle a las comunidades ni enseñarle a las asociaciones ni a los líderes representantes de la víctima. Lo saben todo y lo han construido todo. Están en pie de lucha.Y ese activismo me encanta porque me ha permitido también trabajar de la mano con ellos.
Hoy lo estamos pensando de una manera distinta y le hemos pedido a las organizaciones que nos acompañen, que sepan cuáles son nuestras capacidades, porque ellos tienen que entender que no tenemos capacidad para resolver los 3.400 casos en la misma fecha. Toca poco a poco.
AP: ¿Qué mensaje le dejas a quienes siguen esperando la restitución de sus tierras y tienen temor del cambio de gobierno?
JKJ: Yo creo que la restitución de tierras ya se volvió una política de estado, una política pública que indistintamente que gobierno la administre, hay que hacerla. La Corte ha generado la salvaguarda en su debido momento y ha dado mucha línea sobre el tema de reparación y restitución de tierra.
A pesar de que la gente todavía está a la espera y que falta mucho, se ha hecho mucho, hay un avance importante, hay procesos exitosos y hay otro muy demorado, es cierto. Tenemos un país en este momento con unos focos de violencia en unos territorios bastante complejos.
Nosotros tenemos la fortuna de que en Urabá, a pesar de la presencia de actores armados, estos no han optado por generar una advertencia o ataque al proceso de restitución de manera directa. No hay ningún informe, no hay ninguna nota, no hay ningún elemento que nos permita a nosotros inferir hoy que hay una oposición férrea de los actores armados al proceso.
Tenemos las posibilidades de poder avanzar y dejar la tranquilidad de que creo que van continuar hasta que se acabe la segunda vigencia de la Ley, que va hasta 2031.
