La intervención de los armados
(Primer capítulo)
Conformada por los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí, la región del Bajo Cauca se encuentra ubicada en el nororiente de Antioquia, entre las serranías de San Lucas y Ayapel. La zona es atravesada por los ríos Cauca y Nechí y está conformada por planicies y montañas que ofrecen climas cálidos y templados; aptos para la piscicultura, la ganadería y la agricultura de arroz, maíz, sorgo y frutas. Pero el primer renglón de la economía lo ocupa la minería de oro.
En la región se estima que aproximadamente del 80% de la población depende de la explotación del oro. Sólo de la extracción a pequeña y mediana escala subsisten unas 25 mil familias, según cifras de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (CONALMINERCOL), que agrupa mineros de oro, carbón y material de arrastre.
De acuerdo con la información de la confederación y de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, actualmente en la región hay mil 200 entables, los cuales generan cerca de 48 mil empleos directos y unas 2 toneladas mensuales de oro. El problema inicial es que sólo el 5% de los productores poseen un título de explotación minera, por lo que a los demás se les considera informales.
Sin poseer título alguno, tradicionalmente esos mineros han extraído oro a pequeña y mediana escala, pero hoy se sienten perseguidos por el gobierno nacional porque quedaron en medio de los operativos contra la minería ilegal, la cual es controlada por grupos armados que buscan recursos para financiarse o estrategias para lavar dinero ilícito.
El reto del gobierno es separar a los ilegales de los tradicionales, para judicializar a los primeros y formalizar a los segundos. La mayor dificultad es que las Bandas Criminales (BACRIM), el narcotráfico y la guerrilla intervienen en la minería de oro y ejercen control económico, social y territorial en el Bajo Cauca.
Un funcionario de Caucasia, indicó que en la región ocurre “un fenómeno que para nadie es desconocido, porque estos grupos regularmente sobreviven con el narcotráfico y la extorsión. Por eso aquí en el Bajo Cauca, en la parte minera, cada retro debe pagarles entre 5 y 10 millones de pesos mensuales.”
El presidente de CONARMINERCOL, Ramiro Restrepo Guerrero, indicó que “el valor de la extorsión varía de acuerdo a la zona y al montaje. O sea, a veces extorsionan por máquina y otras por la extensión que se está explotando. Hacen presencia en casi todos los municipios del Bajo Cauca, eso es una realidad; pero no está en nuestras manos solucionar ese problema, nosotros le pedimos al gobierno nacional que nos brinde las garantías para ejercer nuestra actividad y que controle a esos grupos.”
La cifra total de las extorsiones es difícil de calcular, según Restrepo Guerrero, además de que varían las cuotas, “la gente guarda silencio prudencial porque no es conveniente difundir que uno le paga extorsiones a grupos armados. Nosotros no tenemos cifras exactas de cuánto se paga por ese concepto. Yo digo que en promedio se pagan 3 millones por máquina y si son mil 200 entables, cada uno con 3 máquinas, imagínese…”
En el libro Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia, realizado por investigadores de la Universidad EAFIT con apoyo de la Fundación Ideas para la Paz, los autores establecieron que sólo por las extorsiones “los grupos ilegales podrían estar recibiendo mensualmente entre 650 y 3.450 millones de pesos, ‘cifra que representaría entre el 20 y el 70 por ciento del PIB minero’ (…) la extorsión oscila entre uno y cinco millones de pesos mensuales por máquina o entable, en zonas de baja producción como el Occidente, y hasta 10 millones en zonas de alta producción como el Bajo Cauca y el Nordeste.”[1]
Pero los ilegales no sólo se benefician con las extorsiones, también lo hacen con la explotación de minas, la adquisición de maquinaria y la compra de oro. De ahí la disputa por los territorios mineros y la difícil situación en el Bajo Cauca.
Las estrategias de los armados para financiarse de la minería
La historia de la minería de oro en el Bajo Cauca ha estado ligada a la disputa por el territorio. Desde la década de los ochenta, cuando se intensificó la extracción de oro en la región, comenzaron a aparecer fenómenos como el desplazamiento, el despojo de predios y la venta de tierras a bajos precios, al parecer beneficiando a terratenientes o empresarios mineros. Así se registró en el proyecto «Reconstrucción del Capital Social y Ciudadano», realizado por la Gobernación de Antioquia, la Alta Consejería para la Reintegración y la Unión Europea, entre 2009 y 2010.
Otros antecedentes datan de la época de los paramilitares, que se habrían apoderado de fincas con vetas de oro en el Sur de Bolívar y parte del Bajo Cauca. Un líder minero relató que “hubo desplazamiento de mineros por la violencia. Fue la década entre 1995 y 2005. ¿Cuánta gente no mataron? Macaco se apoderó de varias minas en el Sur de Bolívar, en una región rica que queda junto a San Martín de Loba, lo mismo que de la mina Santa Cruz.” Además agregó que “en esa época hubo más facilidades para sacar los títulos de explotación minera y ellos –los paramilitares- aprovecharon.”
En la actualidad, según un líder social de Caucasia, el interés de las bandas criminales sería extraer el oro de las tierras que dejaron los ex jefes paras, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Ramiro Vanoy, alias “Cuco Vanoy”.
“Ellos también montan sus minas por medio de terceros e igualmente explotan la minería. Pero, ¿cómo vienen detrás de esa minería? “Macaco” y “Cuco” dejaron una cantidad de tierras en el Bajo Cauca que ellos quitaron o compraron, muchas las compraron a la viuda. Debido a que el gobierno está en el proceso de extinción, estos señores de las BACRIM, que saben los pecados de sus jefes, saben dónde están las tierras y cuáles son, entonces se han dedicado a explotarlas para la minería”, explicó el líder social.
Un funcionario público de Cáceres expresó que “los grupos ilegales abren sus propias minas porque no van a permitir que otra persona abra una mina en su zona. De todas maneras, ellos propenden a que sea gente del mismo sector la que esté trabajando aquí. Ellos también han colocado reglas para que en la actualidad existan minas. Por ejemplo reglas como restricciones en el uso de celulares o cámaras en esas áreas.”
La estrategia de las bandas criminales, de imponer condiciones en las zonas mineras, comenzó a sentirse con mayor rigor hace aproximadamente dos años, según explicó un dirigente campesino de la región, quien aseguró que “la minería en el Bajo Cauca es un tema complejo que mueve muchos intereses.”
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Foto Carlos Álvarez
BACRIM aliados y enemigos peligrosos
“En la minería a mediana escala hay una mezcla de latifundistas, comerciantes de oro, paramilitares y algunas personas vinculadas al narcotráfico. Los narcotraficantes y los paras cuentan con total complicidad de la policía y las fuerzas militares. Ellos implementan condiciones para trabajar con personal traído de otras regiones. Ellos están armados y son los que ponen las condiciones.” Así lo aseguró el dirigente campesino.
Este hombre agregó que “en Tarazá, El Bagre y Cáceres, amenazan a los labriegos para comprarles las fincas o alquilan tierras y luego sacan a los campesinos. Dos de las veredas más afectadas por el desplazamiento son las veredas Ocó Alto y San Agustín, en el municipio de Tarazá.”
Además aclaró que “los vínculos con los narcos se dan mediante acuerdos económicos; prestando dinero, gente y armas. Porque a veces el empresario minero tiene las máquinas pero no la gente ni las armas. Es una simbiosis, llegan a un común acuerdo. Ellos son capaces de desplazar veredas enteras para ingresar maquinaria.”
En Cáceres un funcionario público confirmó que el desplazamiento continúa siendo una problemática, pero aclaró que en la mayoría de los casos se desconocen las razones. “Algunos de pronto alcanzan a certificar que se van desplazados, otros no. Este año, mal contados, van siete casos, dos individuales y el resto familiares. Nosotros no sabemos por qué los presionaron para que se fueran. Lo que afirma la gente es: ‘nos dijeron que nos fuéramos y nos vamos’; no especifican ni actores ni por qué.”
Según el dirigente campesino la estrategia de la ilegalidad para apoderarse de las tierras, comienza identificando las zonas en las que hay oro. Debido a que las trasnacionales se han asentado en las riberas de los ríos Cauca y Nechí, principales afluentes, los ilegales se estarían adentrando en el territorio, trasladándose a las quebradas y veredas cercanas.
“Para saber dónde hay oro miran las zonas donde el campesino barequea. Llegan, visitan, piden alquilar la tierra, piden vender la tierra, piden entrar una máquina; si sirve, entran otra o dos más. Entonces ahí no sirven los campesinos. Lo que sigue son los paramilitares que se ubican a la entrada de los pueblos y empiezan a amenazar a los labriegos para que vendan. Si no funciona vienen los operativos de la fuerza pública que presionan a los campesinos”, afirmó el líder rural.
Para este dirigente la maniobra de los grupos armados de alquilar la tierra es un “método nuevo y difiere de la estrategia usada por los paramilitares en la región de Urabá, donde la única opción era vender.” Hay que aclarar que los mineros tradicionales también toman predios en arriendo, pero el negocio se realiza por común acuerdo entre el empresario y el labriego, y no mediante amenazas como estarían haciendo los ilegales.
Según información de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA), en el Bajo Cauca habría 680 puntos mineros de aluvión, de los cuales 480 serían explotados por informales y 200 por la guerrilla de las FARC o por las bandas de “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”.
De acuerdo con el estudio de la Universidad EAFIT y la Fundación Ideas para la Paz, “la explotación ilegal está directamente relacionada con el propio carácter informal que tiene la industria del oro en Colombia. La investigación reveló que en Antioquia, el 80% del oro que se produce viene de empresas que no son legales. Pero además, que esta manera de explotar el oro guarda una relación directa con la informalidad en la tenencia de la tierra.”[2]
El dirigente campesino denunció que varias situaciones de ilegalidad prevalecen porque al parecer algunos miembros de la fuerza pública les ayudarían a las BACRIM y a los narcotraficantes a controlar los sectores donde tienen sus minas. “Internamente, en la zona de los trabajadores y las máquinas, están los paras armados haciendo control y a nivel externo el ejército hace operativos y desplaza a los campesinos.”
Pero mientras las bandas criminales buscan intervenir la minería en veredas cercanas a las cabeceras municipales, en las tierras alejadas, y casi selváticas, la actividad minera está siendo regulada por los grupos guerrilleros.
Las condiciones de la guerrilla
En las zonas boscosas del Bajo Cauca cerca de las Serranías de San Lucas y Ayapel, principalmente en sectores accidentados de Tarazá, Cáceres, El Bagre y Nechí, la guerrilla de las FARC impone condiciones puntuales a los mineros que se atreven a adentrarse a las montañas en busca de oro.
De acuerdo con un Informe de la Defensoría del Pueblo, Minería de Hecho en Colombia, al igual que las bandas criminales, los grupos subversivos se financian de las extorsiones a la minería solicitando pagos mensuales, exigiendo una parte de la producción bruta o una cuota por cada máquina.
El informe indica que “tan solo una explotación aurífera de hecho en el municipio de Ataco, departamento del Tolima, según cifras de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, le generaba a la guerrilla de las FARC ingresos diarios de 120 millones de pesos, que eran utilizados para financiar acciones terroristas en el departamento.”[1]
De igual forma en noviembre de 2010, un grupo de oficiales de inteligencia de la Policía descubrió que las FARC controlaban 15 minas de oro en el Sur de Bolívar y extorsionaban a los dueños de 200 retroexcavadoras en El Bagre y Nechí. La información fue publicada por el diario El Espectador, que entrevistó a uno de los oficiales.
En el artículo se aseguraba que la guerrilla cobraba cinco millones a cada minero para permitirle iniciar operaciones y tres millones durante el tiempo que permaneciera en el sitio. Según el testimonio del uniformado, “estamos hablando de que las FARC reciben cerca de $1.600 millones al año por este concepto. Eso sin contar con lo que alcanzan a explotar en sus propias minas, donde sacan oro de 24 quilates, y cada onza puede costar en el mercado US $1.240”[2]
Ramiro Restrepo, presidente de CONARMINERCOL, manifestó que no tiene certeza de que en la actualidad las guerrillas de las FARC o el ELN les cobren extorsiones a los mineros del Bajo Cauca, pero no descartó que eso ocurra. “Yo no tendría la información fidedigna que me permita decirlo con certeza, pero si hacen presencia y presión debe ser porque están detrás de alguna compensación económica.”
Por su parte el dirigente campesino de la región, expresó que “el movimiento insurgente comienza a regular las actividades laborales y sociales del trabajo, en las zonas que son más adentradas. Al dueño de la máquina le permiten explorar un territorio pero sin contaminar el agua y tapando los huecos que hagan. Lo otro es que no se permite gente forastera sino gente de la zona.” Incluso el líder de los labriegos agregó que en algunos casos los subversivos “exigen trabajo comunitario, de cada 8 días de trabajo uno se dedica a sembrar yuca o plátano en un terreno comunal”.
Este tipo de controles, evidencian la débil presencia del Estado en las regiones mineras. Según el informe de la Defensoría, “el conflicto en las minas o en sus alrededores casi siempre tiene origen en una gobernabilidad deficiente. Debido a que gran parte de la minería de hecho opera en zonas alejadas de las capitales y de la atención de los medios de comunicación y las autoridades mineras y ambientales, esto es aprovechado por los grupos al margen de la ley que, en muchos casos, imponen a los mineros locales sus condiciones y cobran réditos por una supuesta seguridad.”[3]
Otra situación que suelen aprovechar los ilegales, es el deficiente control que logra ejercer el gobierno en el comercio del oro. La compra y el contrabando del mineral estarían siendo utilizados por narcotraficantes y, en su momento por paramilitares, para legalizar capitales ilícitos.
El negocio de los narcos
Mientras las BACRIM y la guerrilla obtienen recursos principalmente de la extorsión y, en algunos casos, de la explotación aurífera, los narcotraficantes se beneficiarían de la minería con el lavado de activos. El negocio de los narcos sería comprar oro o maquinaria con el dinero de la droga, para lo cual utilizarían minas fachada en algunas ocasiones.
En el Bajo Cauca la mayor parte del comercio del mineral se da en las compras de oro, las cuales les compran a los pequeños y medianos mineros, deduciendo el 6% por el concepto de regalías. De ahí en adelante el oro puede ser vendido en Colombia o en el exterior a otros comercializadores o a empresas de orfebrería.
Aunque en todos los municipios del Bajo Cauca hay compras de oro, el mineral no siempre va directo de las minas a esos establecimientos; en varias ocasiones el oro es vendido y comprado por terceros, en un comercio informal. Un minero explicó que “muchas veces el barequero, como es de subsistencia, compra sus víveres con oro y el comerciante le devuelve en dinero, con esa plata el barequero ya va al almacén o a la cantina. Es decir el mismo comerciante se vuelve comprador de oro.”
La intermediación es uno de los mecanismos que les permiten a los ilegales intervenir en el comercio de oro para beneficio propio. En la época paramilitar “el principal comprador era alias “Macaco” y ellos eran los que decidían a qué municipio le daban las regalías, eran municipios que eran generalmente controlados por ellos”, reveló el minero al preguntarse por qué el Estado no detecta esas situaciones.
En la actualidad, según el informe de la Defensoría, los narcotraficantes serían quienes más inciden en el comercio de oro. “En varios países, entre los que se incluye Colombia, los traficantes de drogas a menudo compran oro a los mineros informales, o lo explotan directamente, y luego declaran el metal como parte del producto de una mina formal.”[4]
El documento también da cuenta de los mecanismos usados en Colombia para lavar dinero con la minería. “1. Compra de la producción mineral a los mineros locales, inclusive a precios por encima de los ofrecidos por los receptores finales (vr. gr. el Banco de la República), con el fin de hacerlos pasar como producción de minas de fachada. 2. Importación de oro de contrabando, proveniente de países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá, para hacerlo pasar como producción de minas de fachada. 3. Importación de maquinaria para la minería comprada con dólares provenientes del narcotráfico.”
A la par con las posibilidades de lavar dinero con el oro, en el Bajo Cauca existieron otros factores que aceleraron la intervención de los grupos ilegales en la minería. Entre esas situaciones se destacan los altos precios del mineral y las fumigaciones contra los cultivos ilícitos.
El auge del oro y la difícil situación de los mineros tradicionales
En una incómoda posición se encuentran los mineros tradicionales del Bajo Cauca Antioqueño quienes, pese a que han desarrollado su actividad durante años aportando a la economía de la región, hoy son presionados por los grupos al margen de la ley y a la vez perseguidos por el gobierno nacional. Parte de esta situación se deriva de los elevados precios del oro, que cada vez atrae más intereses en la minería, y de la erradicación de los cultivos ilícitos que afectó la economía de las agrupaciones armadas, que buscaron otras alternativas económicas.
Jalonado por la crisis financiera mundial, que ha devaluado monedas como el dólar y el euro arrastrando a los ahorradores a invertir en oro, el precio de este mineral alcanzó niveles históricos en los últimos años. De un costo cercano a los 250 dólares por onza en 2001, el oro cerró a mil 564 dólares por onza en 2011, cerca de tres millones de pesos en ese momento. Este auge incrementó la rentabilidad para los mineros y, a su vez, atrajo el interés de los campesinos, el gobierno nacional, las trasnacionales y los grupos ilegales.
De acuerdo con un informe del Servicio Geológico Nacional, publicado por la revista Dinero, el año pasado la producción de oro en Colombia aumentó en un 4.3%, al pasar de 53.6 toneladas en 2010 a 55.9 toneladas en 2011. La mayor producción se registró en Antioquia, con 19.2 toneladas de oro, seguido de Bolívar con 5.4 toneladas y Caldas con 1.3 toneladas.[1]
Según Ramiro Restrepo, presidente de CONARMINERCOL, del total de oro que produjo Antioquia en el 2011, el Bajo Cauca participó con el 60%. Estos altos niveles de producción junto al elevado precio del mineral, hacen que la región sea estratégica para los grupos al margen de la ley, por los ingresos que reciben de la minería.
A esto se suma que la producción de coca, una de las principales fuentes de financiación de las agrupaciones ilegales, ha sido afectada en los últimos años por las fumigaciones y la erradicación manual de cultivos ilícitos, lideradas durante el gobierno anterior desde el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) y en la actualidad desde el Plan Nacional de Consolidación Territorial. Esta situación ocasionó que muchos campesinos abandonaran esas plantaciones para dedicarse a otros sembrados o a la actividad minera.
Ante estas circunstancias los grupos armados se concentraron con mayor fuerza en la minería y como ya se expuso, cobran extorsiones, extraen su propio oro y lavan dinero. Pero aunque en otras economías también hay extorsiones, informalidad e ilegalidad, los señalamientos del gobierno nacional se concentraron en la minería. Los argumentos principales son el impacto ambiental y los millonarios recursos que estarían captando las BACRIM y la guerrilla.
El líder minero aseguró que si el asunto es proteger el medio ambiente y acabar con la legalidad, el gobierno tiene la herramienta. “Si abre la puerta de la legalización todos los mineros nos tenemos que legalizar, y legalizarse es ponerse al día en todo y dejarse investigar, dar el nombre, el número de la cédula y la residencia.” Además agregó que eso les brindaría posibilidades de capacitación para hacer minería sostenible ambientalmente.
Uno de los problemas es que las condiciones para obtener la legalización rebosan la capacidad de los mineros tradicionales, por lo que permanecen en el limbo de lo que el gobierno considera legal e ilegal. La situación ha originado protestas mineras, de carácter nacional, en el Bajo Cauca. Pero las soluciones no han llegado y los diálogos con el gobierno avanzan de manera lenta, por eso el debate continúa en la lona.
Oro en el Bajo Cauca, una suma de intereses y una lucha por lo legal (Segundo capítulo)
Aquel campo donde la minería enturbia el agua (Tercer capítulo)
[1] “Colombia aumentó en un 4.3% la producción de oro en 2011”, Revista Dinero, 17 de febrero de 2012, edición en Internet, disponible en: http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/colombia-aumento-43-produccion-oro-2011/145001, consulta, 05 de julio de 2012.
[1] Defensoría del Pueblo, 2010, “Minería de hecho en Colombia”, sitio Web Defensoría del Pueblo, disponible en: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/mineriaColombia.pdf, consulta: 06 de julio de 2012. P. 27
[2] Del Rosario Arrazola, María, 2010, 16 de noviembre, “Zarpazo de las FARC a las minas”, El Espectador, edición en Internet, disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-235246-zarpazo-de-farc-minas, consulta, 06 de julio de 2012.
[3] Defensoría del Pueblo, 2010, “Minería de hecho en Colombia”, sitio Web Defensoría del Pueblo, disponible en: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/mineriaColombia.pdf, consulta: 06 de julio de 2012. P. 28
[4] Ibíd Pág. 28
[1] “Oro en Antioquia: entre lo informal, lo ilegal y lo criminal”, sitio Web Fundación Ideas para la Paz, disponible en:
www.ideaspaz.org/index.php/noticias/ultimas-noticias/1122, consulta 04 de julio de 2012
[2] Ibidem
