Las polémicas intervenciones de William Brownfield en la política colombiana

Artículo de opinión por Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

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Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos de los Estados Unidos, William Brownfiel (der.) Foto: Cortesía Presidencia de la República.

El tema de la erradicación forzada o voluntaria de cultivos de uso ilícito sigue tensionando la agenda bilateral entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. No es para menos. El gobierno colombiano ha tomado dos caminos: el de la erradicación y el de la sustitución, pactado en el punto 4 del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Pero el gobierno estadounidense insiste en una sola vía: la erradicación forzada incluyendo la aspersión con glifosato.

William Brownfield, actual subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos de los Estados Unidos, y ex embajador de Estados Unidos en Colombia durante el segundo mandato del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), acaba de levantar la polvareda política en nuestro país con sus declaraciones.

En audiencia ante el comité de relaciones internacionales del senado estadounidense, Brownfield puso en tela de juicio la política de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia e insistió en la necesidad de desarrollar la estrategia de erradicación forzada a través de la aspersión aérea, considerando insuficiente la erradicación manual para disminuir la producción de narcóticos. El mensaje fue claro y contundente: “Si no llegamos a una solución aceptable para ambos países, bastante pronto vamos a ver problemas políticos y bilaterales, y eso es lo que quiero evitar”[i]

Pero también va más allá, y pone en cuestión el comportamiento de los campesinos cocaleros a quienes señala de seguir cultivando mientras se benefician de la sustitución, para lo cual pone una formula temeraria: “Tiene que existir la amenaza de la erradicación junto con un desarrollo alternativo”.

De otro lado, Brownfield cuestiona al mecanismo de amnistía del proceso de paz con las FARC dado que, según él, le resta eficacia a la extradición de guerrilleros vinculados por el gobierno norteamericano con esta actividad ilícita.

La respuesta de varios miembros del gobierno colombiano fue inmediata y clara: en las metas para erradicar 100.000 hectáreas para la disminución de producción de coca avanzan, tanto por la vía voluntaria como por la forzosa, las FARC están colaborando, pero también se requiere asumir mayor responsabilidad y control al consumo y a la demanda en el país del norte.

Pero, como ya es costumbre, sectores políticos de la oposición salieron a hacerle coro al tono amenazante del señor Brownfield, de manera oportunista.

Tensión con el acuerdo de paz

Si bien el gobierno norteamericano en la era Donald Trump ha manifestado su apoyo al proceso de paz en Colombia, es claro que el debate suscitado mantiene continuidad en la relación bilateral en cuanto a la doctrina y la política de lucha contra las drogas. Pero el foco hoy está puesto en el escenario del acuerdo final de paz firmado con el tema de siembra y producción de cultivos de uso ilícito, y en particular la responsabilidad de miembros de las FARC en este tema, advirtiendo su relevancia en la relación de ambos países.

Ya el 7 de marzo de este año el actual embajador de EUA en Colombia, Kevin Whitaker, en dialogo con medios de comunicación colombianos, habló sobre la disminución de la ayuda del gobierno norteamericano para lucha antinarcóticos en Colombia, señalando una relación entre el aumento de la coca y el proceso de paz. Según Whitaker el aumento de los cultivos se debe a la disminución de la aspersión aérea, la firma del punto 4 del Acuerdo de Paz como incentivo a las comunidades para el cultivo de coca y las protestas sociales contra la erradicación[ii].

En el diálogo con los medios colombianos también estuvo presente William Brownfield, quien esta vez visitó a Colombia en la era Trump, en medio de temas espinosos en la agenda: el aumento de la producción de coca en el país en aproximadamente un 30%; la negación de la extradición del gobierno colombiano ante la solicitud del gobierno estadounidense de Hemer González, miembro de las FARC; y  los límites a la fumigación con glifosato impuestos por la Corte Constitucional.

El pasado de Brownfield en Colombia

Respecto al señor Brownfield y sus declaraciones, vale la pena recordar que fue embajador de los EUA en Colombia durante el periodo 2007-2010, cuando el país tenía un apoyo irrestricto en recursos financieros, militares y logísticos a la guerra contra el narco terrorismo bajo el manto del Plan Colombia.

En ese momento sobre la postura del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, de que el conflicto armado en Colombia era inexistente, las FARC fueron el blanco principal al pasar de ser una organización insurgente a un grupo narco terrorista que se debía combatir. Bajo esa doctrina, los recursos del Plan Colombia para el gobierno y las Fuerzas Militares fueron la tajada preferida para combatir la insurgencia, catalogada como un actor narco terrorista o una banda de narcotraficantes, según las expresiones del mismo gobierno.

La paradoja es que por ese mismo periodo, bajo la estrategia de fumigación y erradicación forzada como única fórmula para disminuir la siembra y producción de cultivos de uso ilícito, las hectáreas cultivadas presentaron aumentos. “Llama la atención que el año 2007, uno de los que registró una mayor cantidad de hectáreas con aspersión aérea y erradicación manual, presentara uno de los picos más altos, superior a las 90 mil hectáreas cultivadas; cifra que iguala la estadística de 2015, con la diferencia de que en este último periodo las acciones de fumigación y erradicación fueron muchísimo menores. Esto lleva nuevamente a cuestionar la eficacia de dichas estrategias”[1].

 

Los desafíos actuales

Hoy la realidad es que el aumento de cultivos de uso ilícito está atado a la expansión y copamiento que los grupos posparamilitares han hecho de las zonas abandonadas por las FARC, obligando y amenazando a los campesinos para que sigan cultivando, e imponiendo precios y reglas de producción y comercialización.

Además, no se puede desconocer que el punto 4 del Acuerdo de Paz, plantea tres ejes fundamentales: sustitución de cultivos de uso ilícito, la prevención del consumo, y los problemas asociados al fenómeno de producción y comercialización. La atención del gobierno de EUA parece estar en el primero, pero vale recomendarle que el control del consumo y el ataque a las estructuras criminales y mafiosas que se lucran del negocio es fundamental tanto acá como allá.

Por ello, tienen razón los sectores políticos que reclaman que el gobierno de los EUA, con su capacidad financiera, logística, técnica y militar, debiera volver la mirada sobre el incremento en el consumo y de la demanda en su país, que mantiene activa la cadena del narcotráfico, sobre todo en su fase de comercialización. Esto implica no seguir criminalizando al campesinado ni bloquear una salida más sostenible en el tiempo al problema de las drogas en Colombia. No se puede seguir buscando el muerto aguas arriba.

Sobra advertir que mantener una perspectiva de atacar el problema del narcotráfico atada al pasado, en la relación bilateral entre ambos países, trae consigo el riesgo de conservar un discurso que todavía cree que las FARC no han pasado por la negociación política, los sigue considerando narco terroristas y les pone palo a la rueda al proceso de reincorporación a la vida civil de estos y a la implementación del punto 4. Pero también sería necesario que la capacidad del Estado y de los recursos para ayudar la superación del problema de las drogas, se concentre en el fenómeno de la expansión de la nueva fase del paramilitarismo, con sus asociaciones criminales con sectores legales que se benefician de la cadena del narcotráfico; y fortalezca los procesos de desarrollo alternativo que reclaman los campesinos en Colombia para mejorar la eficacia de la sustitución.

 * Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).


 

[1] Hernández Cifuentes, Y. (6 de abril de 2017). Agencia de Prensa IPC. Recuperado de: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/04/06/la-erradicacion-forzada-choca-de-frente-con-el-proceso-de-sustitucion/

[i] CM&. (2 de Agosto de 2017). Emisión central.

[ii] El Tiempo. (7 de marzo de 2017). Sección Justicia. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/recorte-en-ayuda-antinarcoticos-para-colombia-65304

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