Una paz con muchos muertos

Mientras el gobierno asegura que las muertes de los líderes sociales están asociadas al narcotráfico, académicos e investigadores cuestionan este argumento y aseguran que esto aumenta la vulnerabilidad de los liderazgos en el país.

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Foto: las2orillas.co

El gran combustible de la guerra en Colombia es el narcotráfico y es éste el que está asesinando y atentando contra la vida de los líderes sociales, es el argumento que el gobierno ha repetido en distintos escenarios. Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, dijo el 12 de julio en Córdoba, que la Fiscalía estaba demostrando que el narcotráfico era el responsable de estas muertes.

Al final de junio, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del interior, utilizó el mismo argumento, que desde entonces se sigue repitiendo: “Ha sido identificada la génesis de quienes están matando a los excombatientes y también a los líderes sociales y defensores de derechos humanos: la génesis del problema es el narcotráfico.”

Hay que darle una perspectiva histórica al debate, es lo que dice Martha Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC). “El tema de liderazgos sociales y defensores hay que evaluarlos desde los años ochenta. Están ligados a movimientos sociales que recogen a muchos actores que van levantando las demandas e intereses de muchos sectores de la sociedad que no son parte del poder, tanto desde un sindicato, una cooperativa, una asociación campesina, una acción comunal”, dice.

¿Qué hay detrás del narcotráfico como causa de las muertes de los líderes y los excombatientes?

Los temas críticos

“Esta es una paz con muchos muertos”, asegura Gerardo Vega, director de Forjando futuros. Para él, es una cortina de humo la que utiliza el gobierno para tapar la realidad de un país que no soluciona un problema fundamental que, a su juicio, es la concentración y el uso de la tierra. Habla de 6.5 millones de hectáreas despojadas y de 360 mil familias que pueden reclamar su tierra. El asesinato de líderes, entonces, se relaciona con cinco liderazgos.

Los líderes reclamantes de tierras, los líderes comprometidos con la sustitución de cultivos ilícitos, los que trabajan por los derechos medioambientales como la defensa del agua y la oposición a la gran minería. Estos, asociados con la tierra. Los otros dos factores, según Vega, están relacionados con los líderes que se oponen a la corrupción y los que defienden los acuerdos de paz.

Martha Peña habla de cuatro factores, similares a los expuestos por Vega: temas ambientales, sustitución de cultivos, la defensa de la paz y restitución de tierras. “De arranque, hay factores estructurales de mediano y largo plazo que contradicen eso de que el factor es el narcotráfico. De hecho, ese argumento del gobierno es otra expresión del negacionismo que tienen estos sectores que gobiernan el país respecto del conflicto armado y sus consecuencias”.

Entre enero y marzo, el programa Somos defensores registró 245 agresiones individuales a líderes sociales en el país, como asesinatos, atentados, amenazas, judicializaciones y robo de información sensible. Hubo 25 asesinatos, cinco de ellos en Antioquia: tres líderes en Caucasia (Bajo Cauca) y dos en el Oriente antioqueño (El Peñol y Sonsón). Para Diana Sánchez, directora de Somos defensores, “creer que solo es narcotráfico es lo que está jugando en contra de los liderazgos sociales, y no se puede negar que tiene un impacto fuerte en los territorios donde están matando los líderes sociales. Eso tiene varias lecturas: la primera es que si los líderes están enfrentando al narcotráfico es porque el estado no está funcionando en esos territorios. Es decir, tiene que haber un estado, agentes del estado o gobierno, que están conectados o que son cómplices o que le están facilitando la vida a esos grupos criminales del narcotráfico”.

La restitución de tierras y la sustitución de cultivos

Desde 2008, Forjando futuros registró la muerte de 144 líderes defensores de la restitución de tierras en Antioquia, desde el momento en que empezaron a funcionar las Comisiones regionales de restitución de tierras. “En Urabá y Bajo Cauca –dice Gerardo Vega-, el tema central está con paramilitares, ganaderos y bananeros que se apropiaron de la tierra. Sus líderes participan de lo público y tienen senadores, concejales, alcaldes”. Por esa razón, agrega, “es más fácil echarle la culpa al narcotráfico, un fenómeno de escala internacional”.

De acuerdo con el informe Radiografía de la restitución de tierras en Colombia, presentado por doce organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de este año, los reclamantes de tierras se enfrentan a tres obstáculos frontales en regiones como el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano, en donde “hay connivencia entre grandes ocupantes, actores armados y funcionarios o servidores públicos”, además de presencia y control territorial de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes tienen intereses directos sobre la tierra, y una fuerte estigmatización del proceso de restitución y sus reclamantes.

Según los datos de Forjando Futuros, Valle de Aburrá (34), Urabá (33) y Bajo Cauca (29) son las tres regiones en Antioquia más difíciles para los reclamantes de tierras.

Otro punto importante en el que se evidencia la vulnerabilidad de los liderazgos es en la sustitución de cultivos ilícitos, según Diana Sánchez, de Somos defensores, “justamente porque se sabe que el narcotráfico es lo que afecta a las comunidades, a los líderes sociales que frentean esas situaciones. Y este gobierno tiene congelada esa sustitución, por lo contrario, está activando la vía que se ha utilizado toda la vida que es la militarista, glifosato y erradicación forzada. Si es el narcotráfico es porque el estado lo está permitiendo, y no está utilizando sus herramientas y mandatos para proteger, prevenir y generar las garantías.”

La Fiscalía y la sistematicidad

La Fiscalía, en el informe Estrategia de investigación y Judicialización de Delitos contra Defensores de DDHH, se refiere a las investigaciones entre el 1° de enero de 2016 y 5 de junio de 2019 se han reportado 285 casos de líderes asesinados y que 167 de ellos, es decir el 58.6%, fueron esclarecidos.

“La Fiscalía, desde que estaba Néstor Humberto Martínez, distorsionó el concepto de esclarecimiento. El esclarecimiento es cuando un proceso ha terminado en sentencia ejecutoria o condenatoria, y ellos acuñaron el concepto de esclarecimiento cuando ya hay avances en los procesos.  Avance de investigación o de esclarecimiento, pero no es esclarecimiento. De los 285 casos que está investigando la Fiscalía o que ha priorizado, solamente hay 32 sentencias. Estamos hablando de un 11%, pero ellos hablan de un 58% porque tienen 167 casos en los que están avanzando las investigaciones. Nosotros decimos: no es cierto”, dice Diana Sánchez.

En cuanto a los autores de los asesinatos, la Fiscalía señala que en los 167 casos que señala esclarecidos, fueron identificados los autores intelectuales en 51 de los casos. Las disidencias de las Farc (27.4%), Clan del Golfo (27.4%) y ELN (15.6%) son, según la Fiscalía los principales victimarios.

“Ahora [la Fiscalía] dice otra mentira, que los asesinos, los que están matando los líderes son el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc y que eso es sistemático porque ellos son los principales. Ellos [la Fiscalía] solo cogen los casos que están asociados a eso [las guerrillas y el narcotráfico], y generalizan todo. No toman los casos complejos”, asegura Sánchez.

Con base en el mismo documento de la Fiscalía, Sánchez dice que se puede demostrar que no es cierto lo que dice el ente investigador: “el 30% de los que están asesinando corresponderían a ELN, Clan del Golfo y disidencias. El otro 70% es a otro. Ellos manipulan. De hecho el 31 de enero sacaron un cartel de recompensa colocando los principales cabecillas, y así lo pintaron, pero en las estadísticas propias esto es falso. Es una manipulación mediática de la cifra y el concepto, para generar unas cifras y unos responsables”.

Además de lo anterior, para la investigadora Martha Peña no se debe olvidar la estigmatización y el negacionismo del actual gobierno. “Cuando yo niego un tema y no reconozco su magnitud, tampoco voy a diseñar políticas eficaces para combatirlos. Eso se queda en retórica. Uno pudiera decir que hay una orientación muy regresiva en el actual gobierno, no ha sido exclusiva de este gobierno, es un asunto muy antiguo en Colombia. Hay un factor estructural y este gobierno lo está representando que es la vuelta de temas muy nocivos, que son el preludio y el ambiente para la violación masiva de los derechos humanos, porque no solo es negar el fenómeno, sino que es estigmatizar y criminalizar”, dice.

El modelo de protección a líderes funciona con escoltas, un modelo físico y militar que a juicio de Diana Sánchez sumerge a los líderes en una burbuja, “se trata de una protección ficticia y transitoria, que no resuelve el problema”.

La seguridad, coinciden los expertos, es que se desmonte el paramilitarismo, se cumplan los acuerdos de paz, y se inicie un diálogo con el ELN, así mismo se requiere una política que brinde garantías al ejercicio de los derechos humanos.

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