Defensores y defensoras de DDHH se cualifican en el Norte antioqueño

Líderes sociales y defensores de derechos humanos, que habitan en tres municipios de esa subregión, participan en un proceso de formación para ejercer su labor sin que ello les cueste la vida.

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Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

“Si vamos a hablar de riesgo para la labor de los líderes sociales y defensores, la zona Norte tiene unos niveles de riesgo muy altos. Acá en el territorio hacen presencia diferentes grupos armados en cuanto a control y disputa territorial, lo que afecta a nuestras comunidades y organizaciones”, según lo describió un líder de víctimas del municipio de Valdivia.

Él expresó esta percepción durante una sesión de la Escuela de Formación Itinerante, que desarrolla el Instituto Popular de Capacitación (IPC), como parte del proyecto Construcción participativa de planes para la autoprotección de organizaciones defensoras de DDHH en el Bajo Cauca y tres municipios del Norte Antioqueño, apoyado por el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Según Mónica Rojas, coordinadora del proyecto que inició en enero del año pasado, aquel tiene como principales objetivos “fortalecer el diseño e implementación de mecanismos y estrategias de autoprotección para defensores y defensoras de derechos humanos, y contribuir al desarrollo de iniciativas para la construcción de una agenda de promoción de la defensa de los derechos humanos en esa subregión antioqueña”.

También precisó que, en el proceso de formación de la subregión Norte que se extenderá hasta diciembre, participan aproximadamente 18 líderes, tanto hombres como mujeres y jóvenes, de los municipios Ituango, Valdivia, Briceño y Yarumal. Ellos son delegados de las organizaciones sociales y comunitarias que defienden los derechos humanos de mujeres, víctimas y campesinos, y que lideran procesos comunales y de defensa del territorio.

Periódicamente, estos líderes se encuentran en la Escuela para establecer diálogos de saberes y compartir experiencias propias y las de compañeros de municipios del Bajo Cauca. En las sesiones, abordan contenidos relacionados con la seguridad personal e inclusive formas de violencia de género ocurridas en el marco del conflicto armado, para construir propuestas de autocuidado y autoprotección que incluyan a mujeres y población sexualmente diversa.

Al respecto, una integrante joven de una organización de mujeres de Briceño comentó que “los contenidos que hemos visto nos han permitido identificarnos como personas con derechos, reafirmar qué es lo que queremos defender y llenarnos de valor para poder hacer esa representación de nuestras comunidades y ayudarles a desarrollar proyectos a gran escala”.

Igualmente, afirmó que los talleres en los que han participado, les “han permitido reconocer las problemáticas que se evidencian en cada uno de los municipios de origen de los participantes, y que son de vital importancia porque están relacionados con la seguridad personal y la de nuestras familias; es decir, son temas delicados pero que, al fin y al cabo, debemos tratarlos y hacerlo con mucho cuidado”.

Para ella, conocer las experiencias de otros líderes que están en riesgo le ha ayudado a aprender cómo afrontarlo y, a la vez, sentirse apoyada. “Las personas de otros lugares pasan por situaciones muy similares a las de uno; dialogar sobre eso, hace que esas problemáticas se sientan como mutuas”. Eso es “lo más enriquecedor” del proceso de formación, en el que también participan organizaciones del municipio de Yarumal.

Ver también: Una comisión independiente para investigar la muerte de los líderes sociales

Ampliarán la agenda subregional de derechos humanos

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías a Líderes elaboraron el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia, 2018. Ahí reseñaron que de las 470 agresiones perpetradas contra líderes y defensores en el 2018 en Antioquia, el 11% (equivalente a 52 casos) se registraron en el Norte.

Al desagregar ese último dato, el documento precisa que “el 60% de las agresiones ocurridas (…) fueron amenazas individuales, el 20% homicidios, 6% desplazamientos forzados individuales, 4% señalamientos colectivos, entre otras modalidades”, que afectan tanto a la población como a los líderes y organizaciones a los que estos pertenecen, en los 17 municipios de esa subregión.

De hecho, el Instituto Popular de Capacitación construyó con los líderes un Diagnóstico rápido participativo, cuyos resultados evidenciaron la convergencia de actores y factores que hacen de aquella “una de las subregiones con mayores índices de conflictos sociales, debido a la presencia de diversos actores que complejizan el panorama político y ambiental del territorio”.

En efecto, el documento señala que en ese territorio se enfrentan grupos armados legales e ilegales, como el Ejército, la Policía, la guerrilla del ELN, disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Caparrapos, los Pachelly y los Mesa. Estos se disputan el control sobre economías ilegales, derivadas del microtráfico, los cultivos ilícitos y la extracción de recursos minero-energéticos.

Eso sumado a los conflictos socioambientales derivados de megaproyectos como Hidroituango, que también han incidido en el aumentado de los niveles de riesgo para las comunidades campesinas e indígenas; así como para sus líderes comunales, de procesos de víctimas, de colectividades en proceso de sustitución de cultivos y de excombatientes en proceso de reincorporación que habitan en esos municipios.

De ahí que otro de los participantes del proceso de formación asegurara que “el tema de autoprotección es muy importante trabajarlo, porque ya la cantidad de líderes que han matado son demasiados. Entonces, las organizaciones sociales estamos buscando formas de cuidarnos a nosotros mismos, a través de medidas de autoprotección, porque no confiamos en los esquemas de protección provisional del Gobierno”.

En ese sentido, añadió: “Nos parece que uniéndonos las organizaciones y montando una plataforma, el Gobierno nos pondría más atención.  Porque así se visibilizaría más el problema de garantías para los líderes, y habría más unión y más fuerza dentro de las organizaciones, para poder trabajar por condiciones de seguridad colectivas”.

Precisamente ese es uno de los objetivos finales del proyecto: aumentar el nivel de articulación entre los líderes y defensores, a partir de los procesos de formación y a través de la adhesión a la agenda subregional de derechos humanos que se constituyó el año pasado con organizaciones de El Bagre, Cáceres y Tarazá, municipios del Bajo Cauca.

Mediante acciones contempladas en dicha agenda, común para los integrantes de las subregiones del Norte y Bajo Cauca, ampliarán las posibilidades de “promover entornos de autoprotección y generar rutas de atención que permitan y garanticen el derecho de las personas a organizarse y construir sus territorios en condiciones de libertad y seguridad”, concluyó la coordinadora del proyecto, Mónica Rojas.

Ver también: Una escuela para reparar la democracia

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