Los habitantes del corregimiento Carrizal lo advirtieron a principios de agosto, cuando hicieron el campamento humanitario en la vereda El Carmen, del corregimiento Carrizal en Remedios, y denunciaron que estaban en medio de una confrontación entre miembros de las AGC o Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. Estuvieron en Medellín, estuvieron en Bogotá, dijeron que estaban en riesgo, de que podrían matarlos. Y sí, los están matando.
Esta mañana encontraron asesinado al minero Elmer Lenin Guerra, quien, desde ayer, 18 de agosto, fue retenido por miembros de las AGC a las afueras del municipio de Segovia en el sector El Aporriado, cuando regresaba de Medellín con su pareja Yuliana Liceth Galeano. El Aporriado es uno de los lugares en los que se concentran miembros de las AGC, como lo denunciaron las comunidades en la alerta temprana del 17 de julio.
Elmer y Yuliana eran padres de una niña. Yuliana apareció hoy con vida, pero está fuera de sí, adolorida por la pérdida de su compañero. Ella, como secretaria de la junta de acción comunal de la vereda El Carmen, fue una de las líderes que se reunió con funcionarios de la Gobernación de Antioquia y con miembros de varias embajadas en Bogotá para denunciar lo que estaban viviendo en su territorio. Justo el día en el que regresó a su municipio, después de varias semanas de levantar la voz para visibilizar las amenazas y el recrudecimiento del conflicto armado, fue retenida junto a su compañero y hoy llora su muerte.
El cuerpo de Elmer lo recogieron las mismas comunidades, quienes organizaron una comisión humanitaria, dado que la alcaldía de Segovia “no actuó rápido”.
El 28 de octubre de 2018, ocho personas vestidas de civil, ingresaron a la fuerza a la casa de Elmer en la vereda El Carmen, mientras él no se encontraba. Ante la presión de la comunidad por este hecho, las personas se identificaron como policías y señalaron que estaban haciendo un procedimiento legal, como lo recogió en una nota de prensa la Alianza de Medios Alternativos (AMA).
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“También tienen un plan para asesinarme”
Carlos Arturo Morales, representante legal de Cahucopana (Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño), estuvo con Yuliana denunciando la crisis humanitaria que viven por el abandono del Estado y el recrudecimiento del conflicto armado.
“Antes de que los detuvieran, yo estuve en la gira con la compañera Yuliana, y me acaban de informar que también tienen un plan para asesinarme”, dice Carlos.
Carlos se enteró ayer de la amenaza de las AGC en su contra y en la tarde le comunicaron que habían retenido a sus dos compañeros. “He denunciado las violaciones de derechos Humanos en el territorio, el 27 de febrero me hicieron un atentado, me hirieron una costilla y a mi esposa en el brazo. Íbamos con mi hijo de cinco años. Supe, por una fuente confiable, de que hay una orden de asesinarme”, dice. El mensaje que recibió decía que lo van a matar “porque le hicimos una advertencia y no hice caso”.
La advertencia decía que se quedara callado y que no denunciara más sobre lo que estaba sucediendo en el Nordeste antioqueño. Y lo están persiguiendo, hace cuatro años tuvo que huir de su territorio y hoy vive en otra zona del país, en donde atentaron contra él y su familia.
Desde 2018, Carlos y otros miembros de Cahucopana tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el momento del atentado no lo acompañaba su esquema de seguridad.
Cahucopana es una organización defensora de los derechos humanos desde hace 17 años y agrupa a 50 juntas de acción comunal en Segovia y Remedios, la cual impacta a más de 14 mil personas de la región.
“Nosotros le seguimos apostando a la defensa de la permanencia de las comunidades en los territorios de forma pacífica y organizada, es donde el nuevo gobierno tiene que entrar a escuchar de frente a las comunidades y generar contactos para agilizar los diálogos donde se sienten comunidades, institucionalidad y actores para pensar cómo se va a construir paz con territorialidad”, agrega.
Además de Carlos, hay otros miembros de Cahucopana amenazados, víctimas de mensajes de WhastApp en los que les advierten que se callen, que no denuncien la presencia de los actores armados ilegales.
Entre el 5 y 7 de julio hubo enfrentamientos entre el ELN y las disidencias contra las AGC, lo que obligó al desplazamiento de varias veredas, las AGC asesinaron a dos indígenas ecuatorianos que vivían en la zona. Incluso, desde septiembre de 2021, los habitantes de Carrizal recibieron amenazas ante la posible llegada de las AGC, la cual es hoy una certeza en la zona.
Ahora, las comunidades de Carrizal y los miembros de Cahucopana lamentan la muerte de uno de sus integrantes. Denunciaron el riesgo que corrían a principios de agosto y ahora, tres semanas después, vuelven a llorar la muerte de uno de los suyos.
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