IPC. ¿De qué manera se está expresando en el Oriente antioqueño la presencia de las bandas y grupos armados?
O.M. La presencia de esos actores en el territorio no son nuevas, no han dejado de existir. El conflicto armado ha tomado unos nuevos matices, unas nuevas maneras de presentarse y su presencia sigue vigente, lo que han presentado es nuevas facetas. Hoy día se está evidenciando la presencia de ellos a través de ataques y amenazas a pobladores y comunidades concretas. Se están haciendo desplazamientos selectivos y amenazas a personas que buscan la defensa del territorio, como concejales, lideresas.
Los actores armados no se han ido, nunca se han ido. Estamos muy preocupados, porque además de los desplazamientos, las amenazas y las extorsiones que siguen haciendo, también estamos asistiendo al asesinato de algunos jóvenes y de líderes de los territorios.
IPC. El informe de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente habla de “limpieza social” en la región, una práctica muy común en los años noventa y dos mil con los grupos paramilitares…
O.M. A mí no me gusta hablar de limpieza, porque hablar de “limpieza social” quiere decir que algunos miembros de la sociedad son basura. Y aquí nadie es basura, todos somos importantes. Infortunadamente los que han asesinado en los últimos días, se ha dicho que hacen parte de esa nueva estrategia de algunos grupos ilegales que, desde hace algunos años, unos diez años, se vienen instalando en el oriente y han venido teniendo más fuerza, a tal punto que en Nariño, Argelia y otros municipios del Páramo ya están de manera descarada invitando al consumo de sustancias psicoactivas.
Aquí estamos asistiendo a un problema estructural, estos solo son efectos y consecuencias de esta sociedad enferma en la que estamos. Nosotros podemos pedir la presencia del Estado a través de la fuerza pública, pero para mí, son soluciones paliativas, ahí no está el problema. Para mí la solución está en la misma educación, para la vida y para la paz, desde la familia, la escuela, y que sea garantizada por el mismo Estado.
IPC. No hay datos concretos sobre el reclutamiento de jóvenes
O.M. ¿Qué oportunidades tienen? La gran mayoría de los jóvenes de esta zona están en los municipios más pobres y relegados social y económicamente. Eso es histórico. Muy poca mirada ha tenido la institucionalidad hacia allá.
Cuando no tienen alternativas y sus familias aguantan hambre y también están atraídos por ese afán y deseo de tener dinero, la decisión es obvia, no la estoy justificando. Si no hay alternativas, allá hay que ir. El reclutamiento se seguirá dando mientras estos jóvenes no tengan otras alternativas que les plantee un proyecto de vida feliz, seguro y que les garantice a ellos el buen vivir.
IPC. El gobierno Petro está negociando con algunas bandas criminales del Valle de Aburrá, ¿la Paz Total se siente en el Oriente?
O.M. Yo no lo veo. Aquí hay mucha confusión y no solo aquí, en todo el país. Son muy pocas las ciudades que pueden estar teniendo ese tipo de ejercicios entre el gobierno y algunas bandas. Además, el Estado no tiene la fuerza ni la capacidad de hacer un acercamiento con todas las bandas, eso es imposible. Para mí es una linda utopía. Así entiendo la Paz Total, creo que el gobierno, y espero me equivoque, no entiende ni comprende esa idea de Paz Total. No creo que lo comprendan; mucho menos, nosotros en las regiones. Les quedará muy difícil.
Hay que sentarse con todo el mundo. Lo que pasa es que el mecanismo no está abrazando la totalidad de la realidad nacional y eso nos va a generar muchos problemas. Lo veo como una utopía muy peligrosa.
IPC. ¿Es el oriente una región de confort para los grupos armados? ¿Se sienten cómodos aquí?
O.M. Total. El Oriente es estratégico por su cercanía a la segunda ciudad y segunda economía del país. Este es un corredor que te lleva por todas las latitudes del país. Además, el gobierno anterior había dicho que en el oriente habían erradicado todos los cultivos de coca, y resulta que esta es una zona muy propicia para el cultivo. Es un territorio propicio para que estos grupos se escondan.
Ya no se habla de los campamentos de otrora, ya los grupos son más móviles, se desplazan más fácil y se mimetizan en las comunidades. Y estas están muertas de miedo y volvieron a experimentar lo mismo, como en una vereda de Nariño.
Por otro lado, es innegable la connivencia de los grupos armados con un sector público, con fuerzas armadas, que facilitan la permanencia, el tránsito y la tranquilidad de estos con una descarada facilidad.
IPC. Rionegro es el municipio con más homicidios y desapariciones forzadas de la región, ¿qué pasa allí?
O.M. Rionegro viene teniendo un liderazgo económico cada vez más fuerte en la subregión. Donde hay plata, el tráfico viene para acá. Y con él la violencia que generan esas bandas. Infortunadamente, el tráfico de drogas siempre trae consigo violencia. Aquí han migrado esas bandas buscando mercado. Y aquí lo tienen. Además, con la llegada de nuevas familias de Medellín, en Llanogrande, La Ceja, Marinilla y Guarne, el auge del microtráfico llega y, por ende, se desarrollan nuevos negocios. A su vez, con la llegada de esas familias y habitantes del territorio, también vienen delincuentes comunes, secuestrando y extorsionando en fincas. Eso está disparado.
IPC. El oriente, junto a Urabá, es una de las regiones con más víctimas. Por el número de víctimas, más de tres mil personas desaparecidas, pero no fue definida como zona PDET, ¿qué tanto afectó esa decisión?
O.M. Esa es de las grandes tristezas que nos dejó los Acuerdos de La Habana. Yo creo que al oriente antioqueño el gobierno Santos le pasó factura con el plebiscito. Para mí es una factura política. Y es un reclamo que seguiremos haciendo. Este territorio debe ser priorizado.
IPC. Sin embargo, la Comisión de la Verdad, apoyada por organizaciones sociales y distintos procesos de la región le han apostado a la reconciliación, al encuentro entre las víctimas y los responsables en el conflicto armado.
O.M. Estamos convencidos de que no es posible llegar a la reconciliación si no hay verdad. El perdón se lo dejamos a cada persona y a cada comunidad. Eso no se decreta ni se obliga. Pero la verdad sí es muy importante para lograr lo mínimo que deseamos nosotros: la reconciliación. Que se restituya entre nosotros el tejido social, que se restituyan las relaciones rotas por el conflicto. En Nariño hicimos un ejercicio muy valioso con excombatientes de la zona y víctimas. Algunas de las víctimas nos compartían que el haber podido manifestar abiertamente y de frente a los responsables lo que ocurrió, la verdad de los hechos, a ellos los sanó. Me dijo una de ellas: “me devolvieron la vida”. Son escenarios difíciles que requieren una preparación previa. Eso no lo hace el Estado, pero debería, como garante de derechos. Pero ningún Estado es capaz de cubrir todos los frentes y es ahí cuando las organizaciones sociales hacemos las veces del Estado para poder contribuir a la paz anhelada por todos.
La reconciliación no es algo que se resuelve en ocho días, un año ni cuatro años.
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