En la playa Saibón, a orillas del río Cauca, Raúl Antonio Moreno encontró la cabeza de una persona. No quiso mirarla, porque siempre les tuvo miedo, y decidió enterrarla con la nariz hacia abajo. Meses después volvió al mismo lugar con un profesor del corregimiento Barbacoas, en el municipio de Peque. El profesor quería que los restos de esa persona reposaran en el cementerio, que tenía 642 metros cuadrados.
Es común entre algunos habitantes del antiguo corregimiento, que hoy viven en la zona urbana de Peque, recordar a Pedro Luis Pino, un inspector de Policía que organizaba comisiones para recoger los cuerpos de “ahogados” que traía el río y llevar a algunos de ellos al cementerio. “Ese señor se metía mucho con los cuerpos. A él le decían, hay un cuerpo en tal parte y él decía vamos pa’llá”, recuerda un antiguo minero.
Mientras la JEP ha continuado con sus diligencias para identificar lo que sucedió con las personas desaparecidas en zonas como Hidroituango y la Comuna 13, no ha avanzado de igual forma en el traslado que la Universidad de Antioquia e Integral hicieron del antiguo cementerio de Barbacoas y las posibles víctimas del conflicto armado y cuerpos no identificados que fueron trasladados sin autorización de la Fiscalía, un proceso necesario antes de que fuera inundado el cañón del río Cauca.
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Traslado “administrativo” de los cementerios
El 14 de noviembre de 2017 la Universidad de Antioquia e Integral firmaron un contrato por 411 millones de pesos, cuyo objeto era “implementar el desarrollo de la prospección, rescate, documentación, traslado y disposición final de cuerpos sepultados en los cementerios de las localidades de Orobajo, Barbacoas y Fortuna de los municipios de Sabanalarga, Peque y Buriticá”.
El plazo inicial era de 240 días, sin embargo, fue necesario firmar dos otrosí: el primero, el 19 de abril de 2018, porque el número de cuerpos hallados (347) era superior a los presupuestados (210), por eso, el contrato final fue por 452 millones; en el segundo, del 3 de julio de 2018, se ampliaba hasta el 30 de septiembre de ese año la ejecución del contrato.
Fueron recuperados 347 individuos: 151 en Barbacoas, 178 en Orobajo y 18 en La Fortuna.
Los de Orobajo, ante la ausencia de un cementerio donde llevar los cuerpos de la comunidad indígena Nutabe, fueron trasladados al Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia. Y fue allí donde la JEP identificó que había cuerpos con impactos de proyectil de arma de fuego. Recientemente Medicina Legal le informó a la JEP que recibió 14 de esos cuerpos y que dos de ellos tenían impactos de arma de fuego y uno de un mecanismo “contundente”, una situación que desvirtúa el Informe Exhumación y traslado de cuerpos sepultados en los cementerios de Orobajo, Barbacoas y Fortuna, en los municipios de Sabanalarga, Peque y Buriticá, elaborado por la Universidad de Antioquia para Integral y EPM, en el que dice que la exhumación y traslado de los cuerpos “no se trata de un ámbito legal, forense u arqueológico”.
Esto es relevante porque EPM le había pedido autorización a la Fiscalía el 9 de noviembre de 2017 para exhumar los cuerpos de los tres cementerios, “partiendo del hecho de que estos, no se encuentran en el marco de un asunto legal”. En la respuesta del 14 de noviembre de ese año, la Fiscalía le pidió a EPM que verificara “la totalidad de la documentación relacionada con el deceso (Licencia de inhumación, Certificado y Registro Civil de Defunción) donde se constate plenamente lo anterior (que la muerte fue ajena al conflicto armado)”. Dado que eran cementerios irregulares, no existían tales documentos y, por eso, era imposible saber exactamente quiénes estaban inhumados y cuáles habían sido las causas de sus muertes.
Por otro lado, la Fiscalía advirtió a EPM que “si en los cementerios a intervenir, existen cuerpos en condición de no identificados (C.N.I.), éstos NO pueden ser intervenidos por ustedes. Por ello, y de existir estos cuerpos, se requeriría realizar un inventario y registro de cada uno de ellos para tomar decisiones de fondo sobre estos casos.”
Pero de los 347 cuerpos exhumados y trasladados, dice el informe de la Universidad de Antioquia, “se logró la identificación de 22 personas”, todas ellas de Barbacoas. De manera que no fue posible determinar a quiénes estaban trasladando ni saber si eran habitantes de la localidad o cuerpos recuperados de las aguas del río Cauca. La mayoría eran cuerpos no identificados.
Por estas razones, una fuente de la JEP le dijo a la Agencia de Prensa IPC que no descartan la intervención del cementerio de Peque, donde están los cuerpos exhumados en Barbacoas. Sin embargo, los equipos forenses hoy están ocupados en las intervenciones de La Escombrera, el Cementerio Universal de Medellín, donde llevan un año y siete meses, y, próximamente, en un municipio cercano al río Cauca.
“La JEP no ha perdido del horizonte el cementerio de Barbacoas”, señaló la fuente, dado que “hay una posibilidad de que haya cuerpos de muerte violenta reinhumados”.
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El traslado del cementerio de Barbacoas
En febrero de 2015 la Fiscalía exhumó seis cuerpos del cementerio de Barbacoas. Uno de ellos, ya identificado y entregado a su familia, correspondía a Rosmiro Florez, quien fue asesinado por las Farc en 1995 junto a su amigo Jaime de Jesús López.
Rosmiro y Jaime fueron inhumados juntos, pero hasta ahora no existe certeza de que el cuerpo de Jaime haya sido exhumado por la Fiscalía. Por eso es uno de los casos más relevantes en relación con el cementerio.
El 24 de enero de 2018 Integral envió una carta a la Fiscalía en la que dice que es posible que unos restos humanos correspondan a Jaime de Jesús. Hasta hoy, los hijos esperan saber dónde se encuentra el cuerpo de su padre: si lo tiene la Fiscalía o si está en el cementerio de Peque, a donde llevaron los demás restos humanos. Incluso, una hija de Jaime envió a finales de 2021 un derecho de petición a la Fiscalía pidiendo información sobre el posible cuerpo de su padre, pero no obtuvo respuesta.
La exhumación de los cuerpos del cementerio de Barbacoas se hizo entre el 5 y 22 de enero de 2018. De los 151 cuerpos recuperados, dice el informe de la Universidad de Antioquia, no fue posible determinar el sexo de 92, es decir, el 60.7%. La mayoría de los cuerpos estaban dispuestos en cajones de madera.
De estos cuerpos, 28 correspondían a adultos, 55 a infantes o niños y de 67 no fue posible determinar su edad.
No obstante, la Universidad de Antioquia advierte en su informe que los familiares no tenían memoria del lugar en el cual estaban dispuestos los cuerpos de sus seres queridos, de ahí que fue común que al cavar una fosa encontraran huesos de otros cuerpos, unos encima de otros. Y añade: “durante las excavaciones se encontraron, por ejemplo, huesos dispersos en diferentes niveles, que no estaban asociados a un individuo, los cuales sin embargo fueron separados del cuerpo principal e igualmente embalados”. Algunos de esos huesos podrían corresponder a los recuperados en el río Cauca por pescadores y mineros de Barbacoas, que luego los llevaron al cementerio.
Otro asunto que no deja de ser grave en este proceso fue el lavado de todas las prendas que vestían los cuerpos. Según el informe de la Universidad de Antioquia, “se encontró que algunos individuos tenían más ropa y tela de la observada en campo. En efecto, esto se debe a que a las personas las inhumaban con muchas prendas que usaban para envolver el cuerpo, improvisar almohadas y recostar sus cabezas y como soporte para disponer el cuerpo. Todas las prendas fueron separadas del individuo y se lavaron una a una.”
Dice una fuente consultada que con el lavado de las prendas se afectaron los cuerpos y el material probatorio que pudiera haber en ellos, y que los residuos que podían existir, fueran de sangre o pólvora, ya se perdieron.
El 22 de agosto de 2018 hicieron la ceremonia de inhumación de los cuerpos en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Peque y luego llevaron los cuerpos a una fosa del cementerio municipal.
Hasta hoy, la JEP está pendiente de intervenir este cementerio y confirmar si entre los cuerpos también había víctimas del conflicto armado, como sucedió con algunos de los cuerpos exhumados por Integral y la Universidad de Antioquia en el cementerio de Orobajo.
