Después de 17 años, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, emitió una sentencia sobre Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, y el Bloque Bananero de las AUC, donde se confirma que la empresa estadounidense Chiquita Brands entregó alrededor de 1,7 millones de dólares a los grupos paramilitares de esta subregión, entre 1997 y 2004.
Alias “Pedro Bonito”, fue un empresario del agro en Urabá y a partir de 1996 ingresó a las filas de los grupos paramilitares como jefe del Frente Arlex Hurtado. Durante décadas fungió como enlace principal entre las empresas bananeras y los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño, y fue el cerebro de la estrategia de tres centavos de dólar, pagados a los paramilitares, por cada caja de banano exportada.
Esta multinacional fue condenada en 2024 en un juzgado civil de Estados Unidos a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a ocho de las nueve víctimas que demandaron a la empresas por la violación sistemática de sus derechos humanos en la región de Urabá. Sin embargo, en Colombia aún no existe ninguna sanción o proceso de reparación para las más de 64.000 víctimas del paramilitarismo en la región.
La sentencia de Justicia y Paz da detalles de la historia y los hechos pero aún no hay una decisión jurídica al respecto. “En Estados Unidos hay dos decisiones, una donde condena empresarios de Chiquita Brands y los obligan a pagar la reparación de las víctimas; y otra, una multa de 25 millones de dólares por haber financiado grupos paramilitares. Y en Colombia, después de 17 años, apenas estamos en la lectura de una sentencia que deja en la impunidad a los empresarios que financiaron”, afirma Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros.
Actualmente, en el país cursa un proceso penal civil contra 10 empresarios de Chiquita Brands, por concierto para delinquir, el cual prescribirá el próximo 17 de septiembre sin que se condené a estos empresarios por su contribución en el fortalecimiento del paramilitarismo en Urabá, desde las filiales colombianas de Chiquita Brand, Banadex y Banacol.
Personajes como Charles Dennis Keiser, gerente general de Chiquita Brands en Colombia; y Víctor Julio Buitrago, jefe de seguridad de Banadex, fueron mencionados en la sentencia de Justicia y Paz: justamente dos de los empresarios que hoy están siendo investigados en este proceso penal civil.
Y es aquí en donde cobra relevancia la sentencia de Justicia y Paz y las declaraciones de diferentes jefes paramilitares que señalan a estos implicados y sus empresas en el entramado que desató la oleada de violencia en esta región de Antioquia.
Sin embargo, y pese a la advertencia del Tribunal Superior de Antioquia sobre el riesgo de prescripción, la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia, Diana Lucía Monsalve, ha permitido dilaciones en el proceso a partir de la recepción excesiva de testimonios para acreditar hechos notorios y confirmados, como la situación de violencia en Urabá y el marco legal que permitió el funcionamiento de las Convivir, y la toma de testimonios irrelevantes en en el caso, como testimonios para hablar sobre el pago de seguridad social de Chiquita Brands a sus empleados, favoreciendo de esta manera la estrategia de dilación a favor de los empresarios.
Para Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación – IPC: “este proceso después de muchas dilaciones está a punto de prescribir en septiembre de este año, generando más victimización para estas personas y generando mayor impunidad para estas empresas que han tenido vínculos con el paramilitarismo. Por esta razón exigimos justicia y exigimos que la rama se pronuncie en los adecuados antes de que prescriba esta acción penal”.
Organizaciones sociales como la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), exigen celeridad en el proceso y una decisión judicial antes de que el caso prescriba. “La impunidad de estos empresarios solo genera más victimización”, advirtió Carlos Zapata, presidente del IPC.
