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A dos años de su muerte, impunidad persiste en caso de Judith Vergara

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No obstante el compromiso adquirido en su momento por las autoridades municipales y de los organismos de justicia de agilizar las investigaciones sobre el crimen de la defensora de derechos humanos Judith Adriana Vergara, hoy, dos años después de su muerte, no se produce ningún resultado y su asesinato permanece en la impunidad.

Así lo manifestaron las organizaciones no gubernamentales que se dieron cita este jueves 23 de abril, en la Plazoleta de la Dignidad del Palacio de Justicia de Medellín para conmemorar el segundo aniversario de la trágica desaparición de la activista y reconocida líder social.

 

Allí, los organizadores del acto público rindieron tributo a la memoria de Judith Adriana recordando un poco de lo que fue el trabajo social y comunitario que adelantó la líder, principalmente en la comuna 13 de Medellín. A su vez, exigieron celeridad en las investigaciones judiciales que permitan dar con la captura de los autores intelectuales y materiales del crimen.

 

“Han pasado dos años del asesinato y las investigaciones aún están en etapa preliminar. Quiere decir que es como si todo el proceso judicial arrancara hoy de cero. No se ha materializado ninguna indagatoria, ni captura ni nada”, resaltó Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, quien estuvo presente en el plantón. 

 

Uribe recordó que meses previos a la muerte de Judith Adriana, las organizaciones sociales que hacen presencia en la populosa comuna habían advertido del grave riesgo que recaía sobre los líderes comunitarios, generado principalmente por la presencia de estructuras armadas ligadas al paramilitarismo que buscaban hacerse al dominio de los espacios de participación ciudadana.

 

Al respecto, la ciudad ya tenía el trágico antecedente de la muerte de un reconocido líder comunitario de este sector: el asesinato de Hayder Ramírez, el 23 de agosto de 2006.

 

Además, la Defensoría del Pueblo expidió el 21 de marzo de 2007 el Informe de Riesgo Nº 009, solicitando al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (Ciat), que emitiera una alerta temprana para la comuna 13 que permitiera tomar medidas urgentes para proteger la vida de la comunidad y, en particular, de los líderes barriales.

 

Sin embargo, el entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, calificó el informe como “alejado de la realidad” y, por el contrario, caracterizó la comuna 13 como modelo de la transformación social de la capital antioqueña. Además, realizó una intensa gestión en Bogotá para evitar a toda costa la emisión de la alerta temprana.

 

“A pesar de esas advertencias, de la alarma de la Defensoría del Pueblo, de lo que habíamos dicho las organizaciones, la Alcaldía las desestimó. La muerte de Judith es la crónica de una muerte anunciada”, manifestó la abogada, quien cuestionó el papel de la Administración en este caso y en el de otros líderes asesinados, también de esta comuna: “Lo que se cuestiona es que las organizaciones denunciamos, advertimos y el Estado no cumple con su papel de proteger, pero tampoco investiga”.

 

Por su parte, Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para el Desarrollo Social (Corpades), indicó que buena parte de los procesos comunitarios que lideraba Judith y que se encontraban articulados a esta Corporación, han tenido que ser modificados o suspendidos luego de la muerte de la líder.

 

“Nos ha tocado abandonar una parte del trabajo en la comuna 13. Su muerte fue un mensaje para los liderazgos sociales: el que trabaje por la comunidad lo matan”, enfatizó Quijano quien reiteró su postura frente a la situación que vive la ciudad y en particular, ese sector occidental de Medellín.

 

“Aquí hay un ocultamiento de la verdad de lo que pasa, se está vendiendo otra idea de Medellín y se están minimizando las cosas, como en el caso de Judith, donde las autoridades salieron a decir que fue un crimen pasional”, aseveró el director de Corpades.

 

Según el activista, en barrios como El Pesebre, donde la desaparecida líder centró su trabajo social, se vive hoy una situación enmarcada por el control social, los cobros extorsivos, el hostigamiento a los dirigentes barriales y el reclutamiento forzado de menores de edad.

 

Al término del acto público, las organizaciones presentes reiteraron su llamado a romper con esta cadena de impunidad para que en el próximo aniversario por lo menos haya algo de justicia y verdad.