Cuatro mil hectáreas de tierras son equivalentes al tamaño de la isla de San Andrés, del municipio de La Estrella, en Antioquia, o de Marmato, en Caldas. En cuatro mil hectáreas de tierra, una comunidad campesina podría sembrar un promedio de 40.000 toneladas de arroz, en dos ciclos, durante un año. Pero también, en cuatro mil hectáreas de tierra, se podrían construir 200.000 casas de 70 metros cuadrados, y destinar otro tanto a zonas verdes, carreteras y zonas comunes.
Una investigación realizada por Carlos Montoya, socio del Instituto Popular de Capacitación IPC y asesor de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, encontró que 73 predios ubicados en Urabá y con una extensión de cuatro mil hectáreas, están a nombre de una empresa vinculada con la multinacional bananera Chiquita Brands, cuyos exdirectivos fueron condenados por financiar el paramilitarismo.
Según la matrícula inmobiliaria y los documentos de libertad y tradición, los predios están a nombre de Agrícola El Retiro S.A, una empresa colombiana que en 1989 y junto con otras dos empresas, crearon Banadex, filial de Chiquita Brands en Colombia. En 2004, Banadex fue comprada por Banacol, comercializadora colombiana, “y Banacol es propietaria 100% de Agrícola El Retiro S.A. Entonces es como dice el dicho ‘tres personas distintas y un solo dios verdadero’. Es el mismo propietario. Desde 2020, Banacol hace parte de Greenland, un grupo empresarial colombiano”, comentó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.
Desde el 2020, Montoya ha hecho un seguimiento a la titularidad de los predios en Colombia y sus hallazgos fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para la Verdad; adicionalmente, fueron aportados a la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de evidenciar un patrón de ocultamiento de tierras y una serie de hechos violentos que marcaron la historia del país.
“Son tres puntos importantes en este ejercicio: el primero, es que esto nos evidenció quiénes son los que tienen la tierra en Colombia; el segundo, estos predios están cerca a Puerto Antioquia y tienen un avalúo comercial de un billón de pesos, aproximadamente, y que fueron predios en los que se cometieron masacres, desplazamientos, despojos y asesinatos selectivos; y tercero, el señor Reinaldo Escobar de la Hoz adquirió estos predios en 1997, justo cuando la región de Urabá colocaba el 45% de las víctimas por desplazamiento y abandono de tierras en todo el país”, explicó Montoya.
Aquí la figura clave es Reinaldo Escobar de la Hoz, exdirectivo de Chiquita Brands, condenado el 22 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por financiamiento a grupos paramilitares.
Su prontuario es amplio: fue fundador de C.I. Banadex S.A. (1989) y socio fundador de Agrícola El Retiro S.A. (1989), además de ser representante legal de otras empresas relacionadas con la comercialización del banano en la región de Urabá. También aparece como representante legal (1994 y 1998) e integrante de la junta directiva de Banadex (1995 y 1998); y participó en la reunión en Montecasino junto con Charles Denis Kaiser (1997) lugar en el que habrían pactado pagar a los paramilitares tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada.
De la Hoz fue la pieza para conectar estas empresas y su negocio de producción, comercialización y distribución del banano en Urabá. Negocio que, diversas investigaciones, han evidenciado su participación en la consolidación de un modelo de despojo de las tierras.
Para Carlos Montoya, este empresario podría ser considerado “el gran intelectual” de toda esta estructura empresarial y del dolor que vivieron las comunidades de la región.
Según el investigador, mientras que en 1997, Reinaldo de la Hoz compraba predios en Urabá, la región vivía las masacres de Punta Coquitos, la Hondura y la Negra, que “es donde aparece por primera vez involucrados empresarios, fuerza pública y narcotraficantes”, menciona. Así mismo, se tiene documentado el despojo en la zona de California y el asesinato a líderes y sindicalistas que se perpetuaron alrededor y en los predios que hoy aparecen a nombre de Agrícola El Retiro S.A.
“Los empresarios sabían lo que estaba pasando en la zona y lo que queremos mostrar es que los dueños de las empresas pudieron haber aportado algo, en algún momento, a estos hechos violentos: las masacres de Punta Coquito, de Honduras y de la Negra; el despojo en California; y el asesinato a los líderes sindicales”, añadió Montoya.
Una indemnización que contemple a las víctimas
Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, Jose Luis Valverde Ramírez, Victor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún, son los siete exdirectivos de Chiquita Brands fueron encontrados responsables de concierto para delinquir agravado y condenados a once años de prisión y el pago de 13.800 millones de pesos, dinero que irá directo al Consejo Superior de la Judicatura, sin destinarse a las víctimas.
En Estados Unidos, la multinacional ha recibido dos condenas por financiar el paramilitarismo; en una de ellas se ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias, algo que no ha sucedido en Colombia.
Para Gerardo Vega, esta es la oportunidad de que esos 13.800 millones de pesos sean la indemnización y reparación que durante más de 30 años han esperado las víctimas de Urabá.
“Permanentemente hemos dicho que las víctimas son el centro, pero al momento de repararlas, el dinero queda en otro lado. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? Que sea el propio gobierno nacional el que lidere y asuma la responsabilidad en este caso. Ya sucedió en Estados Unidos y acá en Colombia queremos que ese dinero vaya a las víctimas. Desde Forjando Futuros, el IPC, Pares y el Cinep, deseamos que haya justicia, verdad y reparación para esas víctimas que perdieron sus tierras y sus familias en la guerra”.
La otra cara del proyecto Puerto Antioquia
Los terrenos de Agrícola El Retiro S.A. están ubicados en Turbo (40), Apartadó (21), Chigorodó (7) y Carepa (5), puntos estratégicos para el desarrollo del megaproyecto Puerto Antioquia, el cual, según un informe del Grupo de Investigación Problemas Rurales y Ruralidad, de la Universidad de Antioquia, cuenta con “una inversión de 774 millones de dólares y capitales en dinero provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, Global Infraestructure Partners, Bandoldex, Financiera de Desarrollo Nacional y Davivienda, (Banacol, Uniban)”.
Este proyecto portuario, vendido bajo la idea de desarrollo de posicionar a la región de Urabá como la mejor esquina de América, ha generado grandes afectaciones a ecosistemas hídricos, a bosques húmedos pertenecientes al Chocó biogeográfico, y a fauna y flora autóctona de la región, como el oso perezoso, el tití cabeciblanco, el moncholo, los mangles, almendros de río y ceibos.
Además, según el grupo investigador, la cultura y los saberes ancestrales están en riesgo. Puerto Antioquia, un proyecto que aún está en su fase de construcción, ha disminuido la actividad pesquera de subsistencia, provocando que las comunidades pesqueras tengan que cambiar de vocación, asumir los costos excesivos en las escasas faenas de pesca y disputarse el territorio con la empresa que hoy construye puentes en sus zonas de trabajo.
“Así pues, se deja entrever un futuro amargo para el campesinado afro pescador y agricultor despojado de la pesca y los cultivos, incluyendo los saberes que se constituían a partir de estas prácticas económicas, y todos los ecosistemas que le posibilitaban su existencia y subsistencia. Los impactos socioambientales causados por Puerto Antioquia son objetivos, y las reflexiones que se plasman en este texto no son un anhelo por retornar a un pasado que, presuntamente, fue mejor para estas comunidades”.
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Otro de los grandes errores de este proyecto, ha sido el no reconocimiento de las comunidades negras que históricamente han vivido en el sector Río León, Río Suriqui y la costa de la Bahía del Golfo de Urabá, área afectada por el proyecto.
El proyecto Puerto Antioquia inició y continuó sus labores sin realizar consulta previa a estás comunidades.
Por eso, representantes de los Consejo Comunitario Bahía Colombia, Consejo Comunitario Martin Luther King Esperanza 2000, Consejo Comunitario Los Mangos, Consejo Comunitario los Manatíes y el Consejo Comunitario Bocas del Atrato y Leoncito, interpusieran tutela en contra de Puertos, Inversiones y Obras S.A.S (PIO S.A.S), Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., el Ministerio del Interior, Corpourabá, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Infraestructura y el Distrito de Turbo, por la vulneración a sus derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, identidad cultural y étnica, derecho de participación, debido proceso, igualdad y no discriminación.
El 10 de julio de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo concedió el amparo de los derechos fundamentales solicitados por los consejos comunitarios, ordenando al Ministerio del Interior, adelantar la consulta previa con ellos y determinar los impactos ambientales, culturales, económicos y sociales del proyecto; crear mecanismos de diálogo permanente con las comunidades; y proponer e implementar medidas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar y/o reparar los impactos ya generados.
